Ante las posibles modificaciones a la Ley Nº40 de 26 de agosto de 1999, sobre el Régimen de Responsabilidad Penal para la Adolescencia, el Defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas, advirtió que es un peligro legislar para situaciones excepcionales que no reflejan en nada la realidad de la situación de la criminalidad juvenil.
“Esta propuesta es con el fin de reprimir el delito o la delincuencia, más que idear una política centrada en la prevención de la delincuencia juvenil”, puntualizó el Ombudsman.
Vargas, indicó que las estadísticas reflejan que en los últimos tres años en la modalidad de delitos graves, han sido cometidos tres por personas menores de catorce años; por lo que sería ilusorio activar el Poder Legislativo para una reforma que en su momento no responderá como solución efectiva a las situaciones de la criminalidad juvenil.
“A nuestro parecer, situación distinta sería el que se legislara a favor de crear medios efectivos de prevención y por ende medios que coadyuven al actual sistema para que cumpla con su finalidad, siendo ésta la educación del individuo en los principios de justicia, la defensa de la sociedad, la seguridad ciudadana y la resocialización de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal”, precisó.
Así mismo, el Defensor del Pueblo sostuvo que la discusión sobre este proyecto de ley es propicio para que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente cuente con todas las garantías contempladas en el sistema acusatorio del nuevo Código Procesal Penal pendiente de su vigencia que humaniza el proceso penal, además mejora la defensa social contra el delito y la prevención.
Fuente: Tomado de la Defensoría del Pueblo de Panamá