Ante las imágenes que se han dado a conocer a la ciudadanía en la cual dos menores de edad de un pueblo originario son obligados a agredirse físicamente, la Defensoría del Pueblo como institución protectora de Derechos Humanos, rechaza la irresponsabilidad, falta de cordura, atropello, abuso por parte de los adultos involucrados en estos actos, y la actitud de los habitantes de esa comunidad en el momento del lamentable suceso.
Lo expuesto deja en evidencia la violación, vulneración y el maltrato infantil a estas menores. Además, se puede reconocer el daño físico, psicológico y emocional propiciado por las personas adultas amenazando así su desarrollo tanto físico como psicológico.
En ese sentido, esta entidad hace un llamado a los padres de familia o adultos responsables de los niños, niñas y adolescentes quienes en primera instancia deben velar por el sano crecimiento y desarrollo integral de los mismo, así como también garantizar la protección de sus Derechos Humanos.
«No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana».
La Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual Panamá es signataria, en su artículo 19 señala que: 1. «Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.
Ante cualquier tipo de abuso en contra de un menor, la población en general debe denunciarlo ante las instancias correspondientes a fin de velar y lograr que todos los niños, niñas y adolescentes sean respetados, procurar su interés superior y evitar la vulneración de sus Derechos Humanos.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Panamá