Ante la difícil situación que en materia de Derechos Humanos viven a diario los privados de libertad, la Defensora del Pueblo, Lilia Herrera Mow, se reunió con la viceministra de Gobierno, Maria Luisa Romero y el director del Sistema Penitenciario Gabriel Pinzón para establecer una agenda de trabajo que con lleve a la revisión de los expedientes de todas las personas detenidas en las cárceles del país, con la finalidad de agilizar el proceso de clasificación de estas personas y puedan beneficiarse de los programas de resocialización que otorga la ley penitenciaria.
En este encuentro se acordó que la Defensoría del Pueblo, tal como lo hizo en el pasado con las Juntas Técnicas de las cárceles de Bocas del Toro y Chiriquí, prestará los servicios de un psicólogo, un abogado y un trabajador social. Ellos complementarán las juntas técnicas que actualmente trabajan en los centros penitenciarios.
Para la Ombudsman, esta medida busca ayudar a disminuir el hacinamiento que se vive en Centros Penitenciarios como La Joya y La Joyita, lugares donde el hacinamiento, las malas condiciones higiénicas de los pabellones, entre otros aspectos atenta contra el respeto a los Derechos Humanos de estas personas.
Sostuvo, que esta entidad y sus Oficinas Regionales mantendrá sus inspecciones semanales a nivel nacional a los diferentes centros penitenciarios del país.
«Son personas que si bien han cometido alguna falla, eso no significa que pierdan sus derechos como seres humanos, como Defensoría del Pueblo nos preocupa esta situación que se viven en las cárceles y así se lo hemos hecho conocer a las autoridades», acotó.
FUENTE: Defensora del Pueblo de España