El Defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas en declaraciones a los medios de comunicación reiteró el llamado a las autoridades municipales y de salud, ante la caótica situación que continúa produciéndose por la ineficiente recolección de la basura, especialmente en el distrito capital y otros sitios del país.
La inminencia de riesgos a la salud y la afectación al ambiente están muy presentes, afirmó Vargas. Por ello, urgió a las autoridades municipales y de salud, para que afronten este gravísimo problema que eventualmente puede desencadenar consecuencias impredecibles.
No puede esperarse a la decisión del Estado de crear una Autoridad Nacional de Aseo para atender esta necesidad de la población. Es imperioso actuar de inmediato, por lo que deben llevarse a cabo operativos de limpieza, fumigación, así como jornadas educativas de prevención y orientación; además, de aplicar sanciones administrativas ejemplares a quienes lancen desechos en lugares no permitidos para tal fin.
El Ombudsman insistió que esta situación debe elevarse a tema de Estado, que conduzca al establecimiento de la Política Nacional de Gestión Integral de Residuos no Peligrosos y Peligrosos, eficaz y eficiente, de manera que las autoridades nacionales y municipales vinculadas con esta temática unifiquen criterios técnicos y legales relacionadas a las disposiciones sanitarias y ambientales, lo que permitirá la inversión de capital y esfuerzos en la capacitación y formación ciudadana como una forma de acercamiento a la solución permanente de este recurrente problema nacional.
En mayo de 2010 el Defensor del Pueblo emitió un Informe Especial sobre este particular, el cual examinó 59 distritos del país, concluyendo que en casi todos ellos, existían graves deficiencias en lo relativo a la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, y que la situación comparable con el 2007 resultaba más grave aún.
El Estado representado por sus autoridades tiene la obligación de velar por la salud de la población. El individuo, como parte de la comunidad, tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución, y rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla, entendida ésta como el completo bienestar físico, mental y social, enfatizó Vargas.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Panamá.