El Defensor del Pueblo Encargado, Javier Mitil, reiteró la necesidad de políticas públicas para la prevención de los femicidios cómo máxima expresión de la violencia de género, pues en lo que va del año 2013, en nuestro país, se han registrado 38 muertes violentas de mujeres, 24 (63%) clasificadas como femicidios; observándose, respecto al mismo período del año anterior, un incremento de 15 (65%) muertes.
Desde el año 2009 hasta el primer semestre del año en curso murieron de manera violenta 290 mujeres, siendo 187 femicidios. En términos porcentuales, el 64.5% de las mujeres murieron en contextos de discriminación y violencia de género, de acuerdo a las estadísticas de la Defensoría del Pueblo, institución coordinadora del Observatorio Panameño contra la Violencia de Género (OPVG).
Hasta junio de 2013, se tenía un registro de 28 muertes violentas de mujeres, 18 de las cuales fueron femicidios; 13 (72%) fueron íntimos y el 5 (28%) no íntimos. Sobre las víctimas se sabe que 19 (68%) eran menores de 41 años; 23 (82.1%) eran de nacionalidad panameña y 13 (46.4%) de las mujeres que murieron de forma violenta tenían hijos e hijas. Sólo en el primer semestre del año 2013, 37 personas quedaron sin madre, en su mayoría menores de edad; (3) 23% de estas hijas o hijos presenciaron los hechos de violencia que produjeron la muerte de la madre.
La provincia de Panamá es la que registró la mayor cantidad de muertes, con un total de 19 (68%) casos, seguido de las provincias de Chiriquí, Coclé y Colón, con 2 (7.1%) de las muertes respectivamente. 13 (46.4%) de las muertes ocurrieron los fines de semana; 14 (50%) en horas de la madrugada y la noche; 13 (43%) fueron perpetradas con armas de fuego, mientras que 8 (29%) fueron con arma blanca.
Frente a este panorama, la institución exhorta a la Asamblea Nacional de Diputados(as) a priorizar la discusión del Proyecto de Ley «Que reforma el Código Penal para Tipificar el Femicidio y sancionar la Violencia contra las Mujeres y dicta normas de prevención de estas conductas punibles», que fue presentado por la institución en el año 2011 y fue objeto de un profundo debate en las comisiones convocadas por el Ministerio Público durante el 2013 donde participaron entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Panamá