De noviembre a la fecha, el 70% de los casos que se tratan a diario en las corregidurías de Colón, San Miguelito y Tocumen corresponden primordialmente a atenciones relacionadas con la violencia de género.
Así se dio a conocer en un monitoreo realizado por la Dirección de Protección de los Derechos de las Mujeres de la Defensoría del Pueblo, con el auspicio del Fondo Mixto Hispano Panameño de Cooperación, para verificar el cumplimiento de la Ley 38 de 2001, sobre todo en lo concerniente a la eficaz aplicación de las medidas de protección a favor de las víctimas de violencia doméstica.
La Directora de Protección a los Derechos de las Mujeres de la Defensoría del Pueblo, Dayanara Salazar, indicó que durante los ejercicios efectuados también se están evaluando las limitantes de presupuesto que tienen estos centros de justicia administrativa para atender este tipo de casos, además de verificar el procedimiento de las autoridades al momento de atender a quienes acuden a denunciar violencia.
Entre las irregularidades encontradas durante el trabajo de campo, la funcionaria manifestó que en que en Colón se dan casos de violencia doméstica que nunca se remiten al Ministerio Público e incluso se tratan como desorden doméstico; mientras que otras se remiten directamente al Ministerio Público, sin tomar ninguna medida de protección por considerar que no son casos de su competencia.
Salazar explicó que la Ley 38, sobre violencia doméstica, establece que las corregidurías deben conocer estos casos sólo para tomar o dictar medidas de protección a favor de las víctimas y en 72 horas como máximo remitir el expediente a las autoridades del Ministerio Público, quienes llevarán a cabo la investigación, por tratarse de un hecho punible o delito.
Igualmente mencionó que existe una percepción errada sobre las medidas de protección que puede aplicar el Corregidor, ya que se considera que la boleta es la única defensa para la víctima, cuando la Ley 38 de 2001 establece 14 medidas de protección, entre ellas albergue, alejamiento, suspensión de la patria potestad y solicitud de pensión alimenticia mientras dura el proceso legal.
La Defensoría del Pueblo continuará con este tipo de monitoreo en otros sectores como Arraiján, La Chorrera, Coclé, Veraguas, Herrera, Los Santos, Darién, Chiriquí y Bocas del Toro, a fin de comprobar el tratamiento efectivo de las víctimas de violencia de género y la aplicación de la Ley 38 de 2001, a fin de evitar más casos de femicidio en la sociedad.