La Defensoría del Pueblo abrió una queja por la presunta violación al debido proceso en contra del Servicio Nacional de Migración luego de que la Asociación de Residentes Naturalizados (Arena), ciudadanos extranjeros que habitan en Panamá, se reunieran con el titular de la institución, Alfredo Castillero Hoyos, y le manifestaran la manera irregular con la que se suspendieron los permisos provisionales y permanentes de regularización migratoria.
Durante los primeros meses del año, el Servicio Nacional de Migración suspendió los permisos a unos 500 extranjeros, alegando que se había aportado documentación fraudulenta ante la Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas, Departamento de Cuentas Individuales y el Departamento de Planilla de la Dirección Nacional de Ingresos de la Caja de Seguro Social. La suspensión de los permisos los dejó como ilegales en Panamá.
En la reunión con el Ombudsman, los afectados explicaron que la medida adoptada por Migración también ha afectado su economía, ya que aquellos que tenían un trabajo permanente han sido despedidos por no tener el permiso de trabajo y de residencia.
“Nosotros tuvimos que contratar abogados y gastar en el pago de los documentos que establece la ley para poder conseguir nuestros permisos. Nos están violando nuestros derechos humanos, somos personas que ya tenemos vida hecha aquí en Panamá, esto es una injusticia. Migración debe revisar bien los casos”, manifestó Arena.
Denunciaron que está situación los ha afectado, ya que viven con miedo de ser deportados a pesar de que ellos ya tenían toda su documentación en regla, “hay que investigar qué pasó, porque cuando entregamos toda la documentación que pide la ley nos decían que estaba correcta”.
Castillero Hoyos mencionó que además de los casos que hoy se han expuesto, ya en la institución se han aperturado alrededor de 30 quejas individuales y colectivas sobre esta misma situación, por lo que se harán las gestiones necesarias ante el Servicio Nacional de Migración para sostener una reunión y conocer más sobre la decisión que tomaron, “como entidad queremos conocer si se ha cumplido con el debido proceso, ya que es una de las cosas que más se ha criticado entorno a esta medida”.