El Defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, participó de la Asamblea General del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (ODENA) “Situación de la Niñez y Adolescencia en Panamá”, realizada el día de hoy en la Universidad Santa María La Antigua.
De acuerdo con los organizadores, esta reunión busca dar seguimiento a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, en cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del Estado panameño a fin de incidir en la elaboración, ejecución y reforma de las políticas públicas y leyes dirigidas al logro efectivo de los derechos establecidos en la convención la cual conmemora 30 años de su aprobación.
Al dirigirse a los presentes, Castillero Hoyos, destacó que la Defensoría del Pueblo, entidad rectora de los derechos humanos de la población panameña, desde la Dirección de Unidades Especializadas, ha admitido 40 quejas por posible vulneración del derecho al menor de forma directa e indirecta durante el 2018 y lo que va del 2019; en áreas como educación, salud, derecho a petición y discriminación.
“Una de las áreas donde más incidencia hemos tenido con éxito es discriminación, ya que hay colegios que al momento de elaborar sus reglamentos internos tienden a discriminar a los estudiantes que llevan dreadlock o afro lo que afecta su derecho a la cultura”, destacó el Ombudsman.
Algunos de los temas abordados durante la reunión fueron, “El Estado de los Derechos de la Niñez, retos para el cierre de brechas”; “Políticas Públicas dirigidas a la Niñez y Adolescencia” y “Avances a las recomendaciones del informe presentado ante la Comisión de la Niñez en Ginebra; entre otros.
El Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (ODENA) es una instancia de monitoreo y seguimiento de la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia, cuyo objetivo es abogar, promover, y vigilar el cumplimiento de las observaciones y recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas al Estado Panameño, a fin de incidir en la elaboración, ejecución y reforma de las políticas públicas y leyes dirigidas al logro efectivo de los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.
