La huelga iniciado por los custodios de los Centros Penitenciario como medida de presión para solicitar a las nuevas autoridades una serie de mejoras en su entorno laboral, así como una equiparación salarial, fue suspendida luego que la Defensora del Pueblo, Lilia Herrera lograra una mediación entre los representantes de los custodios y la viceministra de Gobierno Maria Luisa Romero.
En reunión sostenida con las Ombudsman, un grupo de Custodios de los Centros Penitenciarios expusieron una serie de situaciones que viven en sus diversos centros de trabajos los cuales atentan contra sus derechos humanos, situación por la cual habían tomado la decisión de no trabajar hasta que las autoridades le dieran una respuesta a sus interrogantes.
Ante lo expuesto, la Defensora del Pueblo logró una reunión con altas autoridades del ministerio de Gobierno y del Sistema Penitenciario con el propósito de lograr un entendimiento satisfactorio para ambas partes.
En ese sentido, el grupo de custodios manifestaron sus principales necesidades entre las que destacan nuevos uniformes de trabajo, le designación de personal médico, psicólogo y de trabajo social, el pago de los sobre sueldos, entre otros.
Ante estos señalamientos, la viceministra de Gobierno indicó que se llevará a cabo una reunión con el ministro de esta entidad, Miltón Henríquez y la participación de la Defensoría del Pueblo, para que se pueda a dar a conocer cuáles son sus necesidades más inmediatas de los custodios para buscar una solución a las mismas.
Por su parte, los custodios se comprometieron a levantar la medida de presión y agradecieron a la Defensora del Pueblo, la oportunidad que le ofrecieron de dialogar con los representantes del ministerio de Gobierno y lograr así un entendimiento entre ambas partes.
«La Defensoría del Pueblo, es la casa del pueblo y estamos aquí siempre para ayudar a todo aquel que así lo solicite, una vez más agradezco la confianza depositada en nosotros para ser mediadora en la solución de este problema», puntualizó la Defensora Herrera.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Panamá