El vector de muertes violentas de mujeres en Panamá ha aumentado de manera crítica y preocupante, por lo que es urgente que el Estado invierta los recursos económicos necesarios para hacerle frente a este flagelo social y por otro lado se revise la efectividad de las medidas legales como las boletas de alejamiento y de protección que parecen no ser suficientes para preservar la seguridad física de las víctimas de violencia doméstica.
De acuerdo a la Adjunta del Defensor, Mónica Pérez, quien es la encargada del tema de los Derechos Humanos de las Mujeres, frente al incremento lamentable e injustificado del femicidio en general y la violencia doméstica en particular en Panamá, las autoridades responsables deben prestar mayor atención a la eficacia de las medidas de protección, entre otras a las boletas de protección que al parecer en algunos casos no han surtido el efecto deseado que es la protección y preservación de la integridad física y de la vida de las mujeres.
Pérez indicó que el sistema tiene que ser más efectivo íntegramente, ya que según el centro de acopio del Observatorio Panameño contra la Violencia de Género, adscrito en la Defensoría del Pueblo, al 2 de junio de 2009 van un total de 29 muertes violentas. De estas estadísticas, cinco de las víctimas han sido asesinadas por sus respectivas parejas; siete por sus ex parejas; una por un familiar; quince por desconocidos; y uno por vínculo con el esposo. Para septiembre de 2008, se habían reportado en Panamá un total de 30 femicidios.
Agregó que la situación es más lamentable si se considera que la violencia contra las mujeres, además de ser un problema grave de salud pública, de derechos humanos, de convivencia ciudadana, de seguridad social, y, además, causa daños a las víctimas, sus hijos, hijas, a su entorno familiar y laboral, degenerando en otros problemas sociales que atentan contra la sociedad en su conjunto.
Reiteró que la violencia contra la mujer constituye un obstáculo no sólo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz y que además es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se relega a la mujer hacia una condición de subordinación respecto del hombre.
Por lo anterior, la Defensoría del Pueblo solicitó también a las autoridades incentivar y promover que las organizaciones de la sociedad civil brinden en mayor medida el acompañamiento legal y psicológico a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas, quienes a la larga repiten las conductas aprendidas.
Fuente: Tomado de la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá.