La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en la provincia de Coclé realizó una inspección en las cárceles de Penonomé, Aguadulce y el Centro Femenino de Llano Marín, donde se encontraron diversas anomalías que atentan contra los Derechos Humanos de los privados y privadas de libertad.
En la cárcel de Aguadulce se constató que no hay la debida ventilación por lo que los privados de libertad sufren por el calor sofocante, además muchos de ellos duermen en el piso; los baños están en mal estado, no reciben una buena atención médica, carecen de un paramédico y no cuentan con un botiquín con medicamentos.
Además, sostienen que la comida que reciben es de mala calidad y las porciones que reciben son pequeñas. Por otra parte, en la cárcel de Penonomé los privados de libertad manifestaron que las celdas donde purgan sus condenas tienen filtraciones de aguas, malas conexiones en el sistema eléctrico, igualmente reciben una mala atención médica y carecen de un botiquín con los medicamentos básicos.
Señalan que sus mandamientos demoran en ser enviados y que la comida es pésima y les dan pequeñas porciones. También se pudo observar muchas moscas por la cantidad de basura en el patio del penal y que existen problemas con aguas negras, por lo que solicitan implementos para el aseo.
Mientras, en el Centro Femenino ubicado en Llano Marín de Penonomé, se constató problemas con el traslado para las citas médicas. Además, no se cuentan con un lugar para recrearse y las privadas de libertad solicitan que sean instalados otros servicios sanitarios ya que son siete y solo funciona uno para toda la población del penal y manifiestan que las capacitaciones son pocas.
La Defensoría del Pueblo como entidad garante de los derechos humanos realizará una reunión con representantes del Sistema Penitenciario, Ministerio De Salud, Policía Nacional, a fin de buscar una solución al problema que les aqueja a la población penitenciaria.
Igualmente se mantendrá vigilante a fin que las situaciones encontradas reciban la debida atención y solución por parte de las autoridades correspondientes.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Panamá