La Explotación Sexual Comercial es considerada como una de las peores formas de trabajo infantil. Ante esta realidad de la cual no escapa Panamá, la Defensoría del Pueblo, con el apoyo financiero de Unicef y la coordinación de CONAPREDES presenta la segunda fase de la campaña ¡No son Juguetes! la cual busca crear conciencia y exhortar a la sociedad a poner un alto y crear una cultura de cero tolerancia hacia esta actividad.
En nuestro país, la explotación sexual comercial está tipificada como delito y es conocido como rufianismo, proxenetismo, utilización de niños, niñas y adolescentes en espectáculos públicos, trata, relaciones sexuales remuneradas con personas menores de edad, pornografía infantil.
En este sentido, la Defensora del Pueblo, Patria Portugal, manifestó que Panamá como signataria de la Convención sobre los Derechos del Niño, esta comprometida a proteger a los Niños, Niñas y Adolescentes contra todas las formas de explotación y abuso sexual, a través de medidas de carácter nacional, bilateral, multilateral y mediante la intervención de instituciones gubernamentales y no gubernamentales dedicadas a la protección de los Derechos Humanos.
“La Defensoría del Pueblo como institución encargada de velar por la protección de aquellos grupos más vulnerables de la sociedad como lo son los Niños, Niñas y Adolescentes, continúa trabajando incansablemente en su labor de “Promover, Proteger y Defender” el respeto de los Derechos Humanos”, puntualizó.
Durante el desarrollo de esta campaña se estarán colocando vallas publicitarias en diversos puntos estratégicos de la ciudad, se desarrollaran cuñas publicitarias y a través de las tarjetas de prepago de celular se divulgará el mensaje.
La Defensoría del Pueblo, reitera su compromiso de luchar contra la erradicación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, a través de la sensibilización de ciudadanos y ciudadanas sobre este flagelo y promoviendo la denuncia efectiva, y sobre todo educando a la población para que se reconozca esta actividad como un delito.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Panamá