El informe extraordinario Infancias vulnerables es el resultado de un trabajo continuado de seguimiento llevado a cabo en el Ararteko durante muchos años y sobre diferentes situaciones. Situaciones que tienen, todas ellas, un denominador común, una característica compartida: afectan a la infancia y, especialmente, a aquellos niños, niñas y adolescentes de nuestra Comunidad más vulnerables en cuanto a sus derechos. Por tanto, no es un diagnóstico global sobre el conjunto de la infancia, sino sobre determinadas situaciones de especial vulnerabilidad.
Se trata de un informe síntesis, en el que se hacen continuas referencias a, prácticamente, todos los informes extraordinarios del Ararteko publicados hasta la fecha sobre la infancia o con apartados específicos dedicados a ella, opción que en ocasiones ha supuesto sacrificar la extensión, la profundidad, la exhaustividad propia de informes monográficos anteriores, en aras de una mayor claridad y concisión, e incluso, tal vez, un mayor valor divulgativo.
Esta opción por la sencillez tiene también su reflejo en la estructura del informe: dos capítulos introductorios de contextualización, un tercer capítulo configurado por 13 subcapítulos, dedicado cada uno de ellos a la descripción y análisis evolutivo de un tema, una situación o un sector de especial vulnerabilidad (menores en grave riesgo de desprotección o en desamparo; población adolescente que comete algún delito y es objeto de medidas judiciales; alumnado con necesidades educativas especiales o específicas; salud mental infanto-juvenil; convivencia en el ámbito escolar; problemática de los y las adolescentes gays, lesbianas, bisexuales y transexuales). En el cuarto se efectúa un diagnóstico o valoración global, destacando aquellos problemas “comunes”, que se repiten y que, a nuestro juicio, están condicionando la atención a todos o a muchos de los sectores analizados, para concluir el capítulo de recomendaciones del Ararteko en quinto lugar.
La diferencia fundamental respecto a informes extraordinarios anteriores en materia de infancia es que en éste pretendemos ofrecer una visión más sintética, menos exhaustiva acerca de cada sector, pero que descubra y ponga de relieve las relaciones que existen entre las diferentes situaciones, la continuidad que a veces se da entre ellas, los problemas que, en mayor o menor grado, comparten. Porque podríamos pensar que nos hallamos ante situaciones inconexas, ante diferentes grupos de menores sin ninguna relación entre sí. Pero no es así. En muchos casos, la misma niña o el mismo adolescente que hoy encontramos en un centro de acogida, o que vemos desescolarizado o fracasando en la escuela, lo encontramos mañana en un centro de internamiento, o la podemos encontrar de nuevo, dentro de un tiempo, en otra situación de especial riesgo. Lo cual pone de manifiesto que en nuestra sociedad todavía existen auténticos itinerarios de exclusión, ligados muchos de ellos a la inexistencia, falta de competencia o simplemente fracaso de la familia como elemento esencial de soporte y apoyo al crecimiento y necesidades del menor.
Por esto, hoy vamos a poner el acento en algunos de esos elementos transversales que afectan a todos o a muchos de los sectores analizados y que están condicionando la respuesta que se ofrece a sus necesidades. Se trata de 11 debilidades que entendemos especialmente significativas y centradas en nuestros sistemas (y que, por tanto, dejan de lado otros elementos tan importantes como el entorno familiar –clave en tantas de las situaciones analizadas–, o como determinados factores estructurales que, en muchísimos casos, están en la raíz de las situaciones de vulnerabilidad):
1. Los problemas de relación y responsabilización entre los servicios especializados y las redes asistenciales ordinarias.
2. Los problemas de coordinación entre servicios e instituciones que pertenecen a diferentes administraciones o departamentos.
3. La ausencia o insuficiencia de marcos normativos que delimiten con claridad las responsabilidades de todos los elementos intervinientes y establezcan los procedimientos o los requisitos que deben reunir los recursos.
4. La falta de planificación y, sobre todo, la falta de evaluaciones públicas que permitan valorar la eficiencia de las intervenciones.
5. Las dificultades para dar respuestas adecuadas a necesidades emergentes o que crecen rápidamente.
6. Las resistencias a tomar medidas tanto compensatorias (que busquen la equidad) como preventivas (que eviten la aparición o consolidación de guetos).
7. Los problemas de detección y de atención temprana.
8. La debilidad de los programas de salida y emancipación.
9. La ausencia de criterios claros o de mecanismos que garanticen la confidencialidad en el tratamiento de la información.
10.La ausencia de una cultura de los derechos de la infancia, que se extienda a toda la población.
11.Las limitaciones de los actuales instrumentos de defensa y garantía de los derechos de las personas menores.
Si este análisis de causas o debilidades es válido, habrá que resolver esos problemas para mejorar la atención a los menores en situaciones de especial vulnerabilidad. Es decir:
– Atajar, de raíz, las causas que están en el origen de tales situaciones (mejorar, por tanto, la prevención).
– Mejorar la colaboración entre los servicios especializados y las redes o sistemas ordinarios.
– Evitar la descoordinación entre las diferentes administraciones y servicios que intervienen ante este tipo de situaciones.
– Planificar las intervenciones, evaluarlas sistemáticamente y, en función de sus resultados, introducir las modificaciones necesarias.
– Mejorar en rapidez y adecuación la respuesta que se da a las situaciones “novedosas”.
– Adoptar medidas compensatorias para las situaciones más desfavorecidas.
– Garantizar la confidencialidad en el tratamiento de los datos.
– Mejorar en todas las fases de la intervención con menores en situaciones de especial vulnerabilidad, sobre todo en las fases iniciales (detección, adopción de medidas) y en las fases finales, que facilitan la emancipación o la inserción social.
– Clarificar las responsabilidades y los marcos de actuación de quienes intervienen con menores en situaciones de especial vulnerabilidad, ofreciendo unas mejores condiciones al trabajo de los/las profesionales.
– Lograr una mayor sensibilización o conciencia social sobre los derechos de la infancia.
– Disponer de instrumentos más eficaces de defensa y garantía de los derechos de estos menores.
Es lo que buscamos con las recomendaciones de carácter más global de este informe:
– Reforzar y extender la conciencia social sobre los derechos de la infancia.
– Poner en práctica el derecho a participar, a ser oído.
– Apoyar a las familias para el correcto desarrollo de sus funciones respecto a sus miembros menores de edad.
– Clarificar mejor las responsabilidades institucionales y el papel del tercer sector en la atención a la infancia.
– Liderazgo institucional en la creación y defensa de los recursos necesarios.
– Evaluación sistemática y pública de los resultados obtenidos.
– Mejorar la coordinación entre diferentes servicios y profesionales como medio eficaz para garantizar una mayor coherencia en las intervenciones con
menores.
– Compaginar políticas compensatorias con medidas contra la segregación o estigmatización.
– Analizar periódicamente las diferentes situaciones de vulnerabilidad y su evolución.
FUENTE: Ararteko del País Vasco, España.