El 17 de octubre se celebra, por decisión de Naciones Unidas, el día internacional para la erradicación de la pobreza. Este año el lema elegido es: «No dejar a nadie atrás: pensar, decidir y actuar juntos contra la pobreza».
El Ararteko, alto comisionado del Parlamento Vasco para la defensa de los derechos humanos, se suma al objetivo fijado por Naciones Unidas y desea compartir con los ciudadanos y ciudadanas vascos las siguientes reflexiones.
En Euskadi existen familias en situación de pobreza (las Naciones Unidas sostienen que se hallan en esa situación aquellas cuyos ingresos son inferiores al 40% de la media de un territorio) y hay muchas familias en riesgo de exclusión social. Afortunadamente, la Comunidad Autónoma del País Vasco dispone de una red de protección social que, si bien no cubre la totalidad de las necesidades existentes, produce el efecto de situar en niveles inferiores a la media europea los índices de pobreza.
El dispositivo más importante de la citada red de protección social es la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Esta prestación social de contenido económico ha cumplido 25 años y hasta que la terrible crisis socio-económica que estamos sufriendo no estalló con toda su virulencia (justo cuando la RGI era más necesaria que nunca) había un amplísimo consenso político y social que permitía que la gestión de esta prestación estuviese exenta de conflictividad y polémica.
«No dejar a nadie atrás» en relación con la pobreza significa que la RGI debe seguir existiendo y que debe cubrir las necesidades de todas las personas y familias que se hallan en situación o riesgo de pobreza, sin exclusiones. Las personas que están en una situación administrativa no regularizada no deben quedar excluidas de la red de protección social, como tampoco ha de excluírseles de la educación o de los servicios sanitarios. Ello atentaría gravemente contra el derecho fundamental a la dignidad, proclamado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que implica tener cubiertas las necesidades de subsistencia básicas de las personas que viven en el País Vasco, y atentaría gravemente contra los principios básicos de inclusión social y de justicia social sobre los que se asienta nuestra convivencia social y nuestro modelo de democracia. Si se reforma el ámbito subjetivo de la RGI debería ser para ampliarlo con el objeto de que incluya bajo su manto de protección a aquellas familias necesitadas que hoy no lo están, las cuales subsisten merced a la ayuda de las ONGs.
La lucha contra el fraude no debe ser excusa para limitar o para suprimir derechos que están reconocidos en el ordenamiento jurídico. Existen casos de fraude en todos las prestaciones de contenido económico, y los hay también en los ámbitos en los que se generan obligaciones tributarias con la Hacienda (IRPF, impuesto de sociedades, IVA, tasas y precios públicos etc.). Los datos objetivos indican que el nivel de fraude en la prestación de la RGI se sitúa en niveles muy bajos y muy inferiores a los relativos al fraude fiscal, por ejemplo. Todos los poderes públicos y administraciones tienen, en cualquier caso, el deber de combatir con eficacia todo tipo de fraude, mejorando los mecanismos de control y de inspección, pero sin eliminar derechos.
La Administración que gestiona la RGI, Lanbide, habría de ser especialmente diligente en el ejercicio de sus funciones y ha de velar por que los procedimientos administrativos de reconocimiento del derecho a la prestación, de suspensión de la misma, de extinción de la RGI o de reclamación de cantidades indebidamente percibidas sean procedimientos garantistas y que respondan plenamente al principio/derecho a la buena administración, evitando en todo momento que la información que se traslada a las personas interesadas o a la ciudadanía en general genere confusión, indefensión o percepciones erróneas sobre la gestión eficaz y eficiente de la RGI.
«Pensar, decidir y actuar juntos contra la pobreza» reza la segunda parte del lema de Naciones Unidas para este año. Eso significa que los poderes públicos, es decir todas las instituciones y administraciones, han de estar comprometidas con la erradicación de la pobreza y de la exclusión social en Euskadi. Significa también que hay que pensar, decidir y actuar juntos, es decir trabajar por reforzar los consensos políticos y sociales que han sostenido durante la mayor parte de su existencia la RGI.
Significa, finalmente, que cualquier reforma de la RGI ha de asegurar, con indicadores precisos, que el objetivo de luchar contra la pobreza y la exclusión social se mantiene y se cumple debidamente y ha de procurar la mejora de la eficacia y del funcionamiento de este importante dispositivo, cubriendo las necesidades asociadas a la vida digna de todas y de cada una de las personas que viven en Euskadi.
FUENTE: Ararteko