La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez Garza, manifestó su rechazo a las afirmaciones hechas por el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y las calificó como muy inadecuadas e impropias de un Secretario de Estado.
Martínez Garza detalló que en el discurso pronunciado por el Secretario de Gobernación durante la Jornada 2010 de Prevención de la Tortura se advierten dos graves errores, el primero al señalar que las Comisiones de Derechos Humanos podrían actuar “por suspicacia”, y el segundo al insinuar que estos organismos pueden ser utilizados por grupos criminales.
Minerva Martínez dijo que los órganos constitucionales autónomos de protección a los derechos humanos, además de estar obligados a realizar investigaciones con argumentación jurídica sólida y basada en elementos de prueba convincentes, deben incorporar en sus recomendaciones la riqueza del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de los tratados internacionales.
Además, expresó Martínez Garza, las comisiones y procuradurías de derechos humanos basan su efectividad en su calidad y autoridad moral, por lo que están llamadas a emitir recomendaciones basadas en la búsqueda de la verdad y en la protección y resarcimiento del daño hacia las víctimas.
“Por esta misma razón, quienes recibimos la responsabilidad de presidir estos órganos constitucionales autónomos nos sometemos al escrutinio de las legisladoras y legisladores antes de ser seleccionados, con el fin de demostrar nuestra solvencia moral y nuestros conocimientos jurídicos, garantizando así a la ciudadanía que nuestras acciones no tienen ningún sesgo ideológico, ni partidista, y mucho menos a favor de algún grupo de delincuentes”, destacó.
“Aprovecho además para hacer un especial rechazo al prejuicio de que las Comisiones de Derechos Humanos defienden a delincuentes, puesto que no tienen ninguna incidencia en los procesos penales que se les siguen ante las autoridades jurisdiccionales. En Nuevo León, menos del 1.5% de las quejas recibidas son interpuestas por personas privadas de su libertad en centros de reclusión, y en ninguno de los casos se ha tratado de sustraerlas de la acción de la Ley, sino que por el contrario, hemos puesto los medios para que prevalezca el Estado de Derecho”, dijo la Ombudsman.
Añadió que la Secretaría de Gobernación es la responsable dentro del Poder Ejecutivo Federal, de fortalecer a las instituciones del Estado, conducir la normalidad democrática y afianzar el Estado de Derecho, así como de dirigir el Plan Nacional de Derechos Humanos, y que Fernando Gómez Mont arriesgó y comprometió todas estas tareas al cuestionar la calidad moral de las comisiones de derechos humanos con generalizaciones sin sustento.
La Ombudsman de Nuevo León recordó que las Comisiones y Procuradurías de Derechos Humanos constituyen una de las ocho acciones de control constitucional que poseen los gobernados, destacando que estos organismos autónomos tienen el mandato constitucional de vigilar las acciones del Estado a fin de que garantice el pleno respeto a la dignidad de las personas, que es la base de todos los derechos humanos.
“Nuestra tarea seguirá siendo la de representar a todo ser humano que haya sufrido un abuso por parte de una autoridad, equilibrando el desbalance entre víctima y victimario a través de un trabajo responsable, jurídicamente intachable, y sobre todo, moralmente incuestionable por estar apegado a la verdad y a la justicia”, expresó.
FUENTE: CEDH de Nuevo León, México.