Entrevistada con relación a la propuesta de militarizar los penales del Estado, la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza, exhortó al Gobierno del Estado a insistir en la solicitud al Gobierno Federal para que asuma la responsabilidad íntegra sobre el internamiento de los reos sentenciados por delitos federales de alto impacto.
Tras los recientes acontecimientos en los penales del Estado, en donde la sobrepoblación es uno de los factores importantes para que sucedan, la Ombudsman estatal expresó que la situación en los centros de readaptación social será difícil de mejorar mientras los internos estatales y federales continúen sin ser separados.
“Hemos observado que en los últimos meses, hechos desafortunados han ocurrido al interior de los centros de readaptación social que hay en el Estado, y esto es producto del hacinamiento al interior de estos lugares”, explicó la Ombudsman estatal. “Insto al Gobierno del Estado a que insista a la Federación para que tome la responsabilidad de los internos sentenciados por delitos federales de alto impacto, que sean separados de los internos que hayan cometido otro tipo de delitos de menor peligrosidad. El Gobernador Rodrigo Medina cuenta con el respaldo y los estudios diagnósticos realizados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos que respaldan la petición a la Federación de asumir invariablemente esta responsabilidad.”
Martínez Garza agregó que es importante analizar las sugerencias que se ha presentado sobre la posible federalización del penal de Apodaca o el traslado de los reos federales a otros centros de internamiento especializados para este tipo de delincuentes, antes que pensar en la militarización de esos espacios.
“Las fuerzas militares tienen como vocación la realización de tareas para garantizar la soberanía del país; su perfil no es el de celadores de centros penitenciarios, por ello ratifico mi sugerencia de que el Gobierno del Estado insista ante las autoridades penitenciarias federales para que se hagan cargo de los internos que purgan sanciones de prisión por la comisión de delitos federales de alto impacto, y de esa manera los centros penitenciarios estatales se despresuricen y sea más eficaz su administración y control.”
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Estado Nuevo León