La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León inició las jornadas de visitas para supervisión y atención en los centros penitenciarios del Estado a fin de inspeccionar las instalaciones, visibilizar las necesidades de las personas privadas de la libertad y ofrecer servicios a las y los familiares.
Personal especializado del área de Orientación y Recepción de Quejas instaló un modulo de atención e información en el Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chido, para ofrecer los servicios de gestoría a los familiares y recabar quejas sobre posibles vulneraciones a los derechos de las y los internos.
Minerva Martínez Garza, presidenta de la CEDHNL, explicó que estas visitas a los centros de reinserción social se realizan en los términos pactados en el convenio de colaboración firmado en septiembre pasado con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
«La vinculación de esfuerzos posibilita el respeto y valorización de las competencias institucionales e impulsa la implementación de una cultura de derechos humanos que redundan en el fortalecimiento del Estado de derecho y la cultura de legalidad. Por lo que con las acciones derivadas del convenio entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad del Estado, reforzarán el espíritu de colaboración y re significación del principio de reinserción social y sobre la base del respeto de los derechos humanos en el sistema penitenciario» puntualizó la Ombudsman estatal.
Destacó que el convenio establece un compromiso interinstitucional para facilitar las acciones de supervisión, que ya realizan de manera periódica el personal del área de Administración Penitenciaria, el área de Orientación y Recepción de Quejas y el Centro Integral de Atención a Víctimas de la CEDHNL.
Martínez Garza informó que el rol de visitas de supervisión apoyadas por las autoridades penitenciarias, se realizarán también en el Centro de Reinserción Social Apodaca, Centro de Reinserción Social de Cadereyta y el Centro de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores.
FUENTE: Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León