La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza, hizo un llamado a las autoridades federales y estatales para que definan con claridad las funciones específicas que las fuerzas militares realizarán dentro de los centros penitenciarios del Estado.
Entrevistada por los medios de comunicación sobre el ingreso de fuerzas militares de apoyo a las tareas de vigilancia de los Ceresos de Apodaca, Cadereyta y Topo Chico, la Ombudsman estatal enfatizó la necesidad de que se establezcan reglas de operación para la intervención de la Fuerzas Armadas dentro de estos centros, pues como ella misma ha señalado anteriormente, la preparación que tienen los elementos militares es para la realización de tareas de salvaguarda de la soberanía del país.
“Es menester que las autoridades correspondientes delimiten específicamente las actividades a las que los elementos del Ejército estarán avocados mientras colaboren en el resguardo de la seguridad de los Centros de Readaptación Social de Nuevo León”, expresó la ombudsman estatal.
“Una definición clara y jurídicamente sustentada redundará en la garantía del derecho a la seguridad tanto de los internos y sus familiares, como de los propios elementos de las Fuerzas Armadas, quienes verán respaldada y debidamente sustentada su labor” explicó Minerva Martínez.
“Es deseable que estas tareas de apoyo por parte del personal militar sean temporales, en lo que las autoridades penitenciarias implementen el uso de equipos y tecnología avanzada, particularmente instrumentos detectores de metales y de sustancias prohibidas, para hacer más eficaces las revisiones y los controles necesarios para salvaguardar el orden, la salud y la seguridad tanto de los reos como de quienes los visitan y de las propias autoridades o servidores públicos que prestan sus servicios en dichos lugares”
La Ombudsman estatal señaló que las reglas de operación deben tomar en cuenta principios internacionales de Derechos Humanos que son obligatorios por norma constitucional, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece en su artículo 7º que nadie será sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prevé en su dispositivo 5º que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, y se pronuncia en contra de los tratos crueles, inhumanos o degradantes; y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que prohíbe dichas conductas en su artículo 16.
La Presidenta de la CEDH agregó que aún es necesario que las autoridades federales asuman plenamente la responsabilidad de la custodia de las personas sentenciadas o sujetas a proceso por delitos del fuero federal, que actualmente están internadas en los centros penitenciarios de Nuevo León.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Estado Nuevo León