La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León exhortó a las autoridades a estar alertas para evitar situaciones de corrupción que generen violencia al interior de los Centros Penitenciarios.
Entrevistada sobre lo que sucedió en el Cereso 2 de Gómez Palacio, Durango, Minerva Martínez Garza, Presidenta de la CEDH, dijo que Nuevo León no puede estar ajeno a dichas circunstancias y más bien debe prevenir que sucedan.
“Es una obligación de las autoridades brindar seguridad a la población en general y también la de mantener un orden y control al interior de los Centros Penitenciarios del Estado, así como garantizar la preservación de la integridad de los internos y los servidores públicos adscritos a dichos centros”, indicó la Ombudsman local.
Señaló que no se debe pasar por alto que uno de los fines de las penas privativas de libertad es la reinserción social de las personas sentenciadas, la cual, de acuerdo con nuestra Constitución Federal, deberá estar basada en el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte.
“El tratamiento y los esfuerzos de la autoridad penitenciaria deben ir enfocados a lograr esos fines, si no se logran, habrá que revisar la estrategia de tratamiento y replantearla”, mencionó.
La Presidenta de la CEDH dijo que recientemente solicitó al Comisario General de la Agencia de Administración Penitenciaria que se tomen las medidas adecuadas de vigilancia y seguridad en los Centros Preventivos de Reinserción Social del Estado, con la finalidad de que se prevengan violaciones a los derechos humanos, tanto de la población interna como de los servidores públicos que laboran en los Centros y de la comunidad en general.
Agregó que ha señalado a las autoridades las deficiencias encontradas en las visitas de supervisión en los tres centros de reclusión, lo que dio origen a las Recomendaciones 1/2009, 2/2009 y 3/2009, en las que se solicitó a las autoridades penitenciarias que se efectuaran una serie de modificaciones en los centros para mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad y adecuarlas a las normatividades internacionales y nacionales en vigor.
Nuevo León cuenta con tres centros penitenciarios, donde se alberga a una población aproximada de 6,400 internos, con una sobrepoblación de alrededor del 7 por ciento en el Topo Chico y del 8 por ciento en el Nuevo León (Apodaca).
FUENTE: CEDH de Nuevo León, México.