Tras un proceso impulsado por la Defensoría del Pueblo desde el año 2017 junto al Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC), se logró que el Estado boliviano promulgue la Ley N° 1137 que ratifica el “Tratado de Marrakech”, el cual facilita el acceso a textos impresos para las personas con discapacidad visual o con otras dificultades. En Bolivia según datos del IBC se tienen registradas, hasta el 27 de noviembre de 2018, 5.772 personas con discapacidad visual de las cuales 2.572 son mujeres y 3.200 hombres.
Durante la inauguración del Foro Internacional DESCA y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Ombudsperson nacional destacó la importancia de combatir la pobreza y la insuficiencia alimentaria como una causa de violación a derechos humanos; además, el presidente de la CNDH, representantes de Organismos Públicos de Derechos Humanos y de organismos internacionales coincidieron en no perder el enfoque de derechos humanos en el impacto global de la pobreza y de grupos vulnerables, como es la población migrante. Por su parte, la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, Soledad García Muñoz, propuso generar vínculos entre los pueblos acerca del contenido de la Agenda 2030 con perspectiva en medio ambiente.
El proyecto que designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fue votado hoy por la Sala de la Cámara de Diputados, siendo aprobado por 123 votos a favor, tres abstenciones y 12 votos en contra.
La deuda del Estado en materia de generación de información sobre este segmento de mujeres, de manera desagregada y confiable, ha impedido una adecuada implementación de políticas públicas. Su aislamiento y escaso acceso a la justicia son otros factores que se suman a su complejo estado de vulnerabilidad.
El Informe Anual 2018 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en su capítulo sobre “Violencia Hacia las Mujeres Rurales e Indígenas Rurales”, reveló que este segmento no sólo ha permanecido invisible para la opinión pública sino también para el Estado. El estudio comprobó que ninguno de los ministerios oficiados poseía información desagregada por etnicidad y ruralidad vinculada a temas de violencia contra la mujer; tampoco existen documentos oficiales provenientes de reparticiones públicas responsables del tema.
En el Perú, un millón 473 mil 583 personas presentan dificultad visual; de estos, el 61% son mujeres y el 39% son hombres, por ello exhortamos al Estado a facilitar el aprendizaje del sistema Braille a las personas ciegas. También es necesario asegurar la educación de las personas ciegas en todas las modalidades y niveles del sistema educativo, dijo hoy el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho.
CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República, en su Artículo 59, reconoce que: “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. Para garantizar los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución, créase la institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos…”
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informó que, en virtud de la recomendación cursada por el Defensor del Pueblo de la Nación, ha dictado una resolución mediante la cual se ha habilitado el acceso al Programa Crédito ANSES (anteriormente denominado Crédito Argenta) a los titulares varones que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y AUH Discapacitados.
El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha formulado una recomendación a la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid para que en los justificantes de asistencia a un órgano judicial no figuren datos personales de denunciantes y denunciados.
El jefe de la Oficina Defensorial de Arequipa, Ángel María Manrique, exhortó a que toda decisión política dirigida a atender las demandas de las y los migrantes de nacionalidad venezolana, se implemente teniendo en cuenta los enfoques de derecho, inclusión y género.
Para impulsar una agenda y una ruta que se convierta en una política pública en 2019, en materia de derechos humanos de la comunidad LGBTTTI, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entabló un diálogo con la Coalición Mexicana LGBTTTI+ sobre la problemática que enfrentan este grupo de personas como los crímenes de odio, la situación de los jóvenes que viven con VIH, el acceso a la salud, las infancias trans e intersex, entre otros temas, indicó Luis Raúl González Pérez, Presidente de la CNDH.