La defensora del pueblo, Zoila Martínez Guante, expresó su oposición a que el gobierno erogue más de mil millones de pesos, ni gestione préstamos para organizar las primarias de los partidos políticos, a través de la Junta Central Electoral (JCE).
Martínez Guante sugirió que en caso de que aparezcan esos recursos, sean destinados a satisfacer necesidades básicas del pueblo, como el agua potable, aumentar las pensiones pírricas a los trabajadores y a un buen seguro salud.
La Defensoría del Pueblo destaca la promulgación del reglamento del Decreto Legislativo 1428, que desarrolla las medidas especiales para la atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad, con especial énfasis en los casos de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia y personas adultas mayores. Nuestra institución recomendó su promulgación, ante constantes casos de personas desaparecidas, entre ellos, el del niño Kevin con autismo, cuyo cuerpo fue encontrado en enero de este año en una playa de San Miguel.
La CNDH presentó el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en México, uno de los sectores de la sociedad cuyas condiciones y características lo colocan en un estado de vulnerabilidad en el que sus derechos pueden ser violentados. Este informe contiene 41 propuestas con el objeto de optimizar, reestructurar, potenciar y desarrollar mecanismos para la protección efectiva de las personas mayores, dirigidas a los titulares de las distintas dependencias del país. Además, describe 11 problemáticas, avances y retos del Estado Mexicano en el tema.
Una comisión liderada por el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, inició un recorrido por el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba para escuchar a las comunidades de la región y atender sus problemáticas relacionadas con graves vulneraciones a los derechos humanos como son el desplazamiento y la violencia.
El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para el Sur de América Latina, Juan Carlos Murillo González, llegó al país y formalizó su apoyo a la Defensoría del Pueblo a través de la firma de un acuerdo interinstitucional, que permitirá desarrollar acciones conjuntas en beneficio de personas refugiadas, solicitantes de refugio o necesitadas de protección internacional en Bolivia.
Merced a la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación, conjuntamente con el Defensor del Pueblo de Jujuy, el Registro del Estado Civil y la Capacidad de las Personas de la Provincia de Jujuy rectificó la partida de nacimiento y reconoció a una niña como hija de dos mujeres.
La sede de la Región Metropolitana del INDH dedujo acción de amparo en favor de un grupo familiar compuesto por los cónyuges y dos hijos, todos de nacionalidad venezolana, destacándose su vínculo familiar con uno de los más connotados políticos venezolanos actualmente en el exilio, quien se habría erigido como uno de los más grandes opositores a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Por su parentesco con esta persona, los amparados habrían sufrido constantes hostigamientos y persecuciones políticas en Venezuela, lo que les habría obligado a abandonar su país de origen y solicitar refugio en Chile.
En Cañar: Defensoría del Pueblo consigue sentencia constitucional favorable que precautela derechos de la niñez ante evento taurino que permitió el ingreso de niños, niñas y adolescentes
Luego de cuatro meses de espera, la Corte Provincial de Cañar dio la razón al pedido de la Defensoría del Pueblo de precautelar los derechos de la niñez ante un acto inadecuado suscitado en noviembre de 2018, donde se permitió el ingreso de niños, niñas y adolescentes para presenciar “La Gran Corrida Taurina Provincialización del Cañar 2018”, efectuada el 2, 3 y 4 de noviembre de 2018.
Firme y ejecutoriada se encuentra la sentencia dictada por la Segunda sala del Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, la que, por unanimidad, condenó a cuatro gendarmes por su participación en calidad de autores en la comisión de delitos de tormentos y apremios ilegítimos perpetrados en contra de un grupo de internos que habitaban el módulo 31 del Complejo Penitenciario de Llancahue.