El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha recomendado al Ministerio del Interior que asegure que las personas extranjeras en situación irregular que son presuntas víctimas de un delito puedan formular una denuncia, sin que se les derive, por esta causa, a la incoación de un procedimiento sancionador que conlleve su expulsión del territorio nacional.

La Defensoría de los Habitantes inició una investigación de oficio con la finalidad de dar seguimiento a lo establecido por la Sala Constitucional respecto a los derechos de acceso a la información, rendición de cuentas y participación ciudadana que deben garantizar los gobiernos locales, utilizando las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC).

La trata de personas es un delito que vulnera los derechos humanos esenciales: la dignidad, la integridad, la libertad pero no sólo la libertad en términos físicos sino la libertad entendida como la autodeterminación, aquello que nos permite elegir quienes queremos ser. Por eso, la trata de personas es un delito tan aberrante porque lucra con lo más sagrado que tienen las personas que es nada más y nada menos que su propia humanidad.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advierte a las autoridades de los tres órdenes de gobierno sobre los riesgos a que están expuestos niñas, niños y adolescentes de ser víctimas de la trata de personas, ante los escasos resultados en el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en la Ley General para Prevenir Sanciona y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Destacó que entre las principales causas de la migración forzada de hondureños figuran la pobreza que afecta su nivel básico de vida digna, agravada por el desempleo, el alza de precios de la canasta básica, el alza de tarifas de servicios públicos y la falta de calidad y asequibilidad a los mismos.

La Defensoría del Pueblo, en tutela del derecho de equidad y paridad de género, reconocido en la Constitución, en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y de tratados internacionales de los derechos humanos, de los cuales Ecuador forma parte, presentó ante el juez constitucional la acción de protección en contra de la resolución de nominación de la Vicealcaldía de Cuenca, realizada en sesión del Consejo Cantonal, el pasado 17 de mayo de 2019, en la cual fue electo el Arq. Pablo Burbano como Vicealcalde de la ciudad.

La Defensoría del Pueblo respecto al reconocimiento otorgado por la Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional a Christian Rosas Calderón, promotor de la  campaña “Con mis hijos no te metas”,  manifiesta su rechazo.

En total los imputados eran 12 carabineros de los cuales 5 quedaron en prisión preventiva, mientras los otros siete con medidas cautelares.