El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha entregado en el Congreso de los Diputados y en el Senado el Informe Anual 2018 que realiza la Institución en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes (MNP).
Declaraciones Defensor Delegado para la Movilidad HumanaTemas como la regularización de la tierra y el aumento de la violencia en el campo también fueron discutidos con el presidente del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria.
El presidente del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), João Carlos Jesus Corrêa, se encontraba el miércoles (11) en la sede de la Fiscalía Federal de Derechos de los Ciudadanos (PFDC), el Fiscal Federal, para reunirse con el grupo. Grupo de trabajo del PFDC sobre el derecho a la reforma agraria.
La Defensoría del Pueblo supervisó 116 Instituciones Educativas (I.E) privadas de nivel primaria en las regiones de Arequipa, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima Metropolitana y Madre de Dios, al cabo de lo cual comprobó, entre otras deficiencias, que el 48% de dichos colegios brindan el servicio educativo con personal sin título profesional en el sector educativo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subrayó la importancia de generar política pública y legislación para consolidar la cultura empresarial de respeto a los derechos humanos, y propuso que en las contrataciones públicas –sean por obra que encargue el Estado o cuando otorgue concesiones, permisos, autorizaciones a empresas privadas o cuando haya financiamiento público a las mismas— se incorpore la cláusula obligacional de respeto a los mismos como fórmula para crear seguridad de que las empresas los respetan y que de no hacerlo generarán responsabilidades.
La Defensoría de los Habitantes solicitó a la Comisión Legislativa que estudia un texto sustitutivo del proyecto de ley, que pretende prevenir y sancionar el acoso laboral en el sector público y privado, efectuar una serie de cambios para fortalecer la iniciativa que regularía esta forma de violencia en el trabajo.
El Defensor del Pueblo de la Nación recomendó a diversos organismos del Estado que adecúen la normativa a fin de garantizar y efectivizar los derechos sexuales y reproductivos a todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación.
Con base en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, la Defensoría del Pueblo apeló la decisión ilegítima de la jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Tumbaco, Cecilia Duarte Estévez, quien hoy 11 de septiembre de 2019, inadmitió sin motivación alguna la acción de protección que interpuso la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Los resultados preliminares de las intervenciones realizadas por la Defensoría de Pueblo en municipios rurales del país, en el marco del “Plan 175 al Encuentro con el Pueblo”, para verificar la capacidad institucional y las acciones que se desarrollan en la lucha contra la violencia, muestran que sólo un 8% de 110 gobiernos municipales desarrollan planes sistemáticos para atender esta problemática, no obstante que el 64% de ellos contemplan en sus planes operativos anuales (POA) acciones sobre esta problemática que afecta, principalmente, a mujeres, niñez y adolescencia, personas adultas mayores y con discapacidad, pero no con un objetivo articulado y de impacto.
El INDH realizó una misión de observación en terreno en la comuna de Mariquina, donde constató afectaciones a los derechos sociales de quienes allí viven. Una misión de observación en terreno en la comuna de Mariquina en la Región de Los Ríos, llevó a cabo un equipo multidisciplinario del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) –integrado por los consejeros Salvador Millaleo y Debbie Guerra-, para evaluar las eventuales vulneraciones, principalmente, a los derechos al agua, al medio ambiente libre de contaminación, y a la salud, denunciadas por organizaciones indígenas mapuche.