Señaló que el acceso al agua y el saneamiento básico es un asunto de seguridad humana y es un derecho humano que el Estado debe asegurar y proteger, incluyendo la preservación de sus fuentes.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, recomendó hoy fortalecer la participación de la sociedad civil, por medio de efectivos procesos de consulta para la toma de decisiones vinculadas al derecho humano al agua y el saneamiento, como una práctica adecuada para prevenir conflictos socio ambientales.

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha entregado en el Congreso de los Diputados y en el Senado el Informe Anual 2018 que realiza la Institución en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes (MNP).

El documento fue objeto de una audiencia pública promovida por la Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la Cámara de Representantes. Solo en la última década, más de 300 personas han sido asesinadas en el contexto de conflictos por la tierra y el uso de los recursos naturales en la Amazonía brasileña. La violencia, la deforestación ilegal y la impunidad han sido características en la región, que sufre la tala ilegal y otras actividades de tala.

Con la entrega de lotes de libros a los recintos penitenciarios de San Pedro y el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, la Defensoría del Pueblo dio inicio al programa piloto “Libros por Rejas” que busca fortalecer los procesos de reinserción y readaptación social dirigidos a personas privadas de libertad a través de la incorporación de la lectura como una alternativa para la redención de penas, previa modificación de la Ley de Ejecución Penal.

Como un caso de “violencia obstétrica”  y de “discriminación” fueron calificadas por el tribunal, las vulneraciones de derechos a una mujer en la cárcel de Concepción. La Corte de Apelaciones de Concepción acogió un recurso de protección presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en favor de una interna de la sección femenina de la cárcel de Concepción, a quien funcionarios del Hospital Guillermo Grant Benavente – a modo de castigo y luego de haber tenido un embarazo complejo-, no le administraron anestesia al momento del parto, sin justificación alguna y tras haber sido solicitada en diversas oportunidades por la paciente.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que el Ombudsperson no solo debe tener autonomía normativa, sino su reto es ejercerla a plenitud, lo que debe traducirse en el ejercicio puntual de las atribuciones, en resolver solo con la evidencia que se desprenda del expediente, abstraerse de cualquier presión de tipo político, económico y social, para que la verdad se sustente en una investigación sólida y haya firmeza y solidez en sus recomendaciones.

En los últimos 17 años y medio (2002 y junio de 2019) Honduras registra la muerte violenta de una persona cada 116 minutos o un aproximado de 12 víctimas diarias. Además, cada año, la sequía representa daños directos a por lo menos 170,000 familias de 145 municipios en el país, la que incide sobre la seguridad alimentaria.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sienta precedente con un fallo emitido, dentro de una acción de amparo constitucional que interpuso la Defensoría del Pueblo contra la Policía Boliviana, que dispone que mujeres policías que se encuentren embarazadas deben ser excluidas de las órdenes de cambio de destino y gozar del derecho a la inamovilidad laboral por su condición, lo que implica que no pueden ser cambiadas de su puesto de trabajo o deben ser destinadas al lugar donde se encuentre su familia y donde sea su domicilio habitual.

Según Reporte de la Defensoría del Pueblo, surgieron tres conflictos sociales nuevos al mes de agosto 2019. Documento da cuenta de 67 personas heridas durante dicho período.

La Defensoría del Pueblo presentó hoy el Reporte de Conflictos Sociales N° 186, correspondiente al mes de agosto de 2019, el cual da cuenta –entre otros aspectos– que, los conflictos sociales más numerosos en nuestro país están relacionados con actividades extractivas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subraya que los acuerdos comerciales no deben estar sobre la dignidad de las personas, por lo cual demanda al Gobierno federal que en su política migratoria ponga en el centro a las personas migrantes, sin restar importancia a los citados acuerdos, y destacó que invertir en Centroamérica y el Sureste mexicano es un proyecto de mediano plazo, y mientras ello ocurre hay que atender los problemas, porque se trata de vidas, integridades y la esperanza de una niñez ajena a lo que los países no han hecho para lograr una distribución más equitativa del potencial que como humanidad tenemos.