La Defensoría del Pueblo, durante todos los días del conflicto que vive el país, ha evidenciado graves actos de violencia que se han traducido en la afectación a la integridad de más de 500 personas, la muerte confirmada de 18 personas, durante toda la etapa de conflictividad, 14 de éstas en un contexto de intervenciones conjuntas entre Policía Boliviana y Fuerzas Armadas. Se ha observado un número importante de arrestos de civiles a partir del 10 de noviembre, que han presentado signos notorios de tratos crueles, motivo por el cual se han remitido comunicaciones escritas de recordatorios, sobre las prohibiciones de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, tanto a la Presidenta del Estado, así como a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana, solicitando que su accionar se enmarque en las normas nacionales e internacionales de derechos humanos.
El Congreso debería votar el miércoles el proyecto de ley. El Abogado de los Derechos del Ciudadano y la Cámara de Control de la Policía señalan inconstitucionalidades de la medida
La Fiscalía Federal de Derechos de los Ciudadanos (PFDC) y la Cámara de Control Externo de la Actividad Policial y el Sistema Penitenciario (7CCR), ambos del Servicio Federal de Fiscalía, enviaron al Congreso Nacional una Nota Técnica sobre las inconstitucionalidades del Proyecto de Ley 3.723 / 2019. La propuesta legislativa debe ser votada el miércoles (30) por el pleno de la Cámara de Diputados, con carácter urgente.
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Oficiales de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo estuvieron presentes durante las diversas manifestaciones que se realizaron en los predios de la Asamblea Nacional en rechazo al paquete de Reformas Constitucionales, a fin de garantizar que no se dieran enfrentamiento entre las autoridades del orden público y los manifestantes y garantizar el respeto a los derechos humanos de estos últimos.
La Defensoría del Pueblo destaca que las 13 provincias de la región Cusco ya cuenten con instancias de concertación de lucha contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar, de tal forma que cumplen así con lo establecido en la Ley 30364, en relación con las acciones de lucha contra este flagelo. Ello resulta importante en esta parte del país, ya que, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cusco, con 9,612 casos hasta setiembre de este año, es la tercera región con mayores niveles de violencia.
- Sobre el anuncio de carabineros respecto del uso de escopetas antidisturbios, el director del INDH señaló que “evidentemente se está reconociendo que algo se estaba haciendo mal”.
- En la práctica Carabineros no acotó su protocolo, sino que lo amplió para resguardar -además de la integridad de la policía y la ciudadanía-, a bienes públicos y privados.
En su intervención ante la CIDH, el consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos Branislav Marelic mencionó las 197 lesiones oculares, cuyas víctimas son principalmente jóvenes; y condenó la violencia ejercida en comisarías contra los y las manifestantes.
Desde Quito, en una nueva cita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Branislav Marelic y Cristián Pertuzé, participaron en la audiencia para revisar estado de los DDHH en contexto de las protestas en Chile, ocasión en que Marelic aseguró que la situación “es grave y que se han violado los derechos humanos” desde el 18 de octubre pasado, fecha en que comenzaron las manifestaciones por demandas sociales.
La Defensoría del Pueblo ante la grave crisis que nuestro país atraviesa en estos momentos, en cumplimiento de su rol Constitucional, preocupada por la escalada de violencia que afecta a ciudadanos y ciudadanas en todo el territorio nacional; en aras de lograr que el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos prevalezcan en las actuales circunstancias; y con miras a recuperar la estabilidad política y paz social a través de la realización de un proceso eleccionario democrático y enmarcado en los valores constitucionales pronuncia lo siguiente:
Tras la entrega de un nuevo balance de lesiones y pérdidas oculares -177 desde el inicio de las manifestaciones sociales- el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) oficiará al Ministerio de Salud para que aclare y detalle las cifras oficiales y anuncie qué medidas de reparación se están tomando o se adoptarán en favor de los heridos y lesionados por agentes del Estado.
Desde el inicio de las manifestaciones, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha mantenido una posición única respecto al uso de la fuerza para el control del orden público: que ésta debe realizarse de manera legal y proporcional.
La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por las limitaciones que enfrenta el sistema de justicia y que está permitiendo la liberación de agresores. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional Penitenciario y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre los años 2012 y 2018, apenas un 30% de los casos identificados como feminicidio ha terminado en sentencias condenatorias.