— Mª José Javaloyes López. Este documento tiene por objeto reflejar parte de las actuaciones que el Defensor del Pueblo español ha desarrollado en el ámbito de la protección de los cuidados de larga duración, que se constituyó como un derecho subjetivo en España, y que se reguló, como el cuarto pilar del Estado del Bienestar, con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, desde su aprobación y entrada en vigor, el 1 de enero de 2007. A la vez que contempla las dificultades de su implantación, principalmente por razones financieras y por la configuración territorial del estado español, que repercute en el derecho de que las personas en situación de dependencia accedan, en condiciones de igualdad, a las prestaciones y servicios previstos en esta Ley, con independencia del lugar del territorio del Estado español donde residen.