Tras realizar una inspección en la Isla Penal de Punta Coco, lugar en la cual se encuentran recluidos 3 privados de libertad, la Defensoría del Pueblo solicita al ministerio de Gobierno clausurar las seis celdas de detención preventivas construidas en esa región del país.
Asimismo, esta entidad manifiesta que en la Isla Penal de Punta Coco, existe una flagrante violación a los Derechos Humanos de los privados de libertad que allí se encuentran por lo que recomienda el traslado urgente de los mismos hacia las celdas de máxima seguridad existentes en el Centro Penitenciario La Nueva Joya, al considerar que la condición en que permanecen actualmente, son violatorias de los derechos consagrados en la Constitución Políticas, así como los previstos en los convenios internaciones de derechos humanos y la Ley.
Durante el recorrido realizado por el equipo de la Defensoría del Pueblo se constató la condición cruel, inhumana y degradante en que los mantienen encerrados las 24 horas del día en celdas que carece de ventilación, el calor es insoportable, la proliferación de mosquitos es inevitable, sin derecho a la comunicación, manteniéndoles alejados del mundo exterior, en un total encierro y con problemas de salud sin recibir atención médica.
Además, se evidenció que las tres personas en detención preventiva presentan afectaciones de salud, psicológicas y depresivas, que de no tomar medidas apremiantes podrían generar un daño mayor en su salud.
La Defensoría del Pueblo, les recuerda a las autoridades que el Estado Panameño ratificó la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, en marzo de 2011 se ratifica el Protocolo Facultativo de esta Convención adquiriendo el compromiso de establecer o crear Mecanismo de Prevención de Tortura los cuales deberán realizar visitas periódicas a los lugares de detención a fin de prevenir la tortura.
Otro compromiso adquirido por el Estado al ratificar el Protocolo Facultativo en mención, es hacer de la transparencia un principio fundamental de su sistema penitenciario comprometiéndose así a abrir sus lugares de privación de libertad al Subcomité y al Mecanismo, y crear un centro tan inaccesible a estos órganos como a los organismos de la sociedad civil, es sin duda contrario a este principio.
La Defensoría del Pueblo, consciente de su papel como ente protector de los Derechos Humanos en Panamá, presentará un informe ante las autoridades correspondientes a fin de que tomen en consideración las observaciones hechas por esta entidad y se proceda con la clausura de estas 6 celdas
FUENTE: La Defensoría del Pueblo de la República de Panamá