El Defensor del Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz Olaechea, ha realizado una sugerencia al Departamento de Relaciones Institucionales del Gobierno de Navarra con el fin de que se impulse por la Administración de la Comunidad Foral, directamente o en colaboración con los municipios, las universidades, institutos y otras entidades públicas, privadas o de iniciativa social, la organización e impartición de cursos, que la Unión Europea denomina “de orientación cívica”, dirigidos a personas extranjeras residentes en Navarra.
El objetivo es conseguir que estas personas, si así lo consideran conveniente para sus derechos e intereses, puedan asistir a los dichos cursos y adquirir en ellos los conocimientos básicos de cómo son la sociedad Navarra en cuanto a sus aspectos sociales, culturales, demográficos, laborales, institucionales o lingüísticos; sus valores, costumbres, creencias y pautas de convivencia comunes, propias de una democracia; los derechos, libertades y deberes constitucionales y legales que, como extranjeros, les asisten; los servicios públicos, prestaciones y ayudas públicas a los que tienen derecho y sus derechos y deberes como usuarios o potenciales beneficiarios; el funcionamiento institucional y administrativo básico de la Comunidad Foral y su fundamento, incluyendo y potenciando las oportunidades de participación en la política y en la sociedad civil.
Todo ello con el propósito de que estas personas conozcan mejor y en mayor profundidad la sociedad de acogida, la comprendan y respeten, ayuden a su desarrollo social, económico y cultural, se interrelacionen entre ellas y, finalmente, se integren y formen parte de la sociedad Navarra con todos los derechos que les reconoce el ordenamiento jurídico”.
La integración social
Según Javier Enériz, una de las principales preocupaciones que muestran las sociedades modernas, especialmente las europeas, es la de lograr la integración y cohesión social de las personas inmigrantes en la sociedad donde van a residir y, en su caso, trabajar y convivir. De hecho, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, que establece el estatuto de los derechos, libertades y deberes de los extranjeros en España, se denomina también de la “integración social”.
La integración social de los extranjeros se puede conseguir de muy distintas formas –añade Enériz–, casi siempre a través de la formulación e implementación de distintas políticas de los poderes públicos que han de tener una visión integral, entre estos poderes, y de una manera muy decisiva, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las entidades locales. Uno de los modos más idóneos de procurar la integración social es a través de una adecuada formación y información de las personas inmigrantes y extranjeras, que les ayude y permita desenvolverse mejor en sus relaciones personales, laborales y sociales con los demás ciudadanos y entes públicos. Al menos, ello puede permitir al llegado o residente obtener un conocimiento más amplio y más rápido de la llamada “sociedad de acogida”, esto es, de cómo es esta, su población, su cultura, su organización, de los servicios públicos de que dispone y de cómo utilizarlos en su beneficio, de sus valores, costumbres, creencias y pautas de convivencia comunes, etcétera; en definitiva, les puede posibilitar un mejor conocimiento de su nueva sociedad para integrarse en ella en su propio beneficio, en el de su familia y en la de la misma sociedad de la que ahora entran a formar parte.
Algunas Comunidades Autónomas han dado pasos para facilitar de una manera activa la integración de las personas inmigrantes y extranjeras en su sociedad. Así, puede citarse la Ley 10/2010, de 7 de mayo, de acogida de las personas inmigradas y de las regresadas a Cataluña, de reciente promulgación. Esta Ley tiene por objeto la creación del servicio público de primera acogida de los inmigrados y los regresados a Cataluña que tienen la voluntad de permanecer en ella de forma estable.
La integración en Navarra
La Comunidad Foral de Navarra también ha dado pasos para facilitar la integración social de los inmigrantes.
El Decreto Foral 91/2006, de 18 de diciembre, creó la Oficina de Atención a la Inmigración como un instrumento de impulso y coordinación de las políticas públicas orientadas a facilitar el acceso de la población inmigrante a los sistemas normalizados de protección social y de convivencia ciudadana, de apoyo a las entidades y profesionales que trabajan en relación a la población inmigrante y de atención individualizada integral y coordinada con el resto de dispositivos de atención específica disponibles, dando respuesta a las necesidades del colectivo que afectan a su propia integración en los ámbitos social, laboral, jurídico, educativo, sanitario, cultural, de convivencia territorial y de participación ciudadana. Hoy, esta Oficina se integra en el Departamento de Relaciones Institucionales de su dirección.
Este mismo Decreto Foral creó la Comisión Interdepartamental de Inmigración, con el fin de impulsar la adecuada coordinación de las políticas públicas, planes y programas que sobre inmigración desarrollan los distintos departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
Con posterioridad, el Decreto Foral 63/2009, de 10 de agosto, creó el Consejo Navarro de Inmigración como órgano colegiado de participación y consulta en materia de inmigración en la Comunidad Foral de Navarra, adscrito al Departamento de Relaciones Instituciones del Gobierno de Navarra y compuesto por representantes de las Administraciones públicas de y en Navarra, las universidades, el colegios de abogados, organizaciones sindicales y empresariales, entidades de iniciativa social y asociaciones de personas inmigrantes. Entre las funciones del Consejo Navarro de Inmigración, figura la de promover medidas, campañas, estudios o investigaciones respecto del fenómeno migratorio, que fomenten la formación y orientación tanto del conjunto de la población inmigrante, como de la sociedad de acogida.
Por otro lado, la Comisión Europea presentó, en noviembre de 2004, un Manual sobre integración para responsables de la formulación de políticas y profesionales, que reúne, entre otras, una serie de buenas prácticas y recomendaciones en el ámbito de la acogida. Como señala este Manual, los programas de acogida de las Administraciones de los Estados miembros de la Unión Europea constan generalmente de tres componentes principales: enseñanza de la lengua, cursos de orientación cívica y formación laboral profesional.
También el cuarto de los llamados principios básicos comunes para la política de integración de inmigrantes en la Unión Europea, aprobados por el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea el 19 de diciembre de 2004 y asumidos por el Consejo Europeo del 16 y 17 de diciembre del mismo años, afirma que el conocimiento básico del idioma, la historia y las instituciones de la sociedad de acogida es indispensable para la integración, y que habilitar a los inmigrantes para la adquisición de dicho conocimiento es esencial para que la integración tenga éxito, añadiendo que la importancia de este conocimiento básico se refleja en el creciente énfasis que ponen distintos Estados miembros en programas introductorios.
Como resultado de estas experiencias y manifestaciones, así como del diferente origen geográfico y cultural de las personas extranjeras residentes en Navarra (cerca de 71.000 personas empadronadas, provenientes de países tan distintos como Marruecos, Ecuador, Rumania, Bulgaria, Portugal, Colombia y otros muchos más, que suponen, a 1 de enero de 2010, el 11,2% de la población residente en Navarra), Javier Eneriz ha considerado oportuno realizar esta sugerencia al Gobierno de Navarra para impulsar la organización e impartición de estos cursos que fomenten la integración social de las personas extranjeras en la Comunidad Foral.
Para ver la carta del Defensor del Pueblo de Navarra dirigida al Consejero de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno de Navarra: Don Alberto Catalán Higueras, pulse el siguiente enlace:
FUENTE: Defensor del Pueblo de Navarra, España.