MICHOACÁN: Programa de Supervisión de Centros de Detención Administrativa

Para verificar que los Centros de Detención Administrativa observen condiciones que garanticen el respeto a la dignidad de los ciudadanos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) arrancó con el Programa de Supervisión a estos espacios mejor conocidos como «Barandilla».

De manera simultánea en los municipios de Morelia, Zamora, Zitácuaro, Uruapan, Apatzingán y Lázaro Cárdenas, se puso en operación el programa a través de las visitadurías regionales de la CEDH.

El Ombudsman michoacano, José María Cázares Solórzano asistió a Barandilla de Morelia y revisó las condiciones en que opera el lugar, el trato, la infraestructura, la higiene y la separación de los detenidos; así como el registro y las multas que se aplican.

Cázares Solórzano ratificó el compromiso del organismo para continuar con el estudio y monitoreo en la difusión, respeto y defensa de los derechos humanos, particularmente en los casos en que exista cualquier forma de detención de personas, que por sus particularidades, las coloca en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Ante medios de comunicación dio a conocer que en lo que va de este año se han atendido 79 quejas en todo el estado particularmente por detenciones ilegales, propiamente de personas que fueron trasladas a centros de internamiento en distintos municipios.

En el 2011, la CEDH emitió la Recomendación General No. 3 a fin de que mejoraran las condiciones de estos lugares pues en ese periodo muchos de estos no contaban ni con sanitarios y las condiciones de la infraestructura no eran las adecuadas. Los problemas con mayor incidencia fueron las condiciones estructurales, la falta de formatos de registro o datos incompletos; así como la heterogeneidad en los criterios de imposición de multas.

En este sentido el titular del organismo enfatizó que se dará seguimiento a este trabajo a fin de que se dignifiquen estos espacios y se realicen las adecuaciones necesarias que garanticen su funcionamiento.

Entre los parámetros que se revisarán se encuentran: las condiciones de las celdas y seguridad de los detenidos, los registros utilizados por la autoridad y montos y criterios para la aplicación de multas; además el que se garanticen los derechos de los detenidos en cuanto a contactar de manera inmediata a su familia o a una persona de confianza, conocer el motivo de la detención, recibir atención médica de requerirlo y no recibir malos tratos.

FUENTE: Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán