La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 58/2013, dirigida a la Comisión Nacional de Seguridad, por un caso de uso excesivo de la fuerza por parte de una oficial adscrita al Servicio de Protección Federal, en Celaya, Guanajuato, en agravio de una mujer y sus dos hijos menores de edad, uno los cuales fue privado de la vida.
Al mediodía del 28 de noviembre de 2012 cuando la madre de familia de 17 años de edad caminaba con sus hijos, de uno y tres años por la colonia Santa Teresita en esa localidad, se percató de que sobre las vías había un tren detenido y varias personas sustrayendo mercancías.
La víctima escuchó detonaciones similares a las que se producen al disparar armas de fuego y distinguió a 6 o 7 metros un elemento femenino del Servicio de Protección Federal, perteneciente a la entonces Secretaría de Seguridad Pública, quien empuñaba una pistola en su mano derecha.
La agraviada advirtió que su pierna derecha sangraba y que su hijo mayor había sido herido en la cabeza por proyectil de arma de fuego. Ambos fueron llevados a un hospital, donde el menor falleció, y ella fue dada de alta tras atenderla por herida de bala en el muslo derecho.
Simultáneamente, la servidora pública se retiró del lugar a bordo de un vehículo no oficial, trasladándose a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en Celaya, Guanajuato, en donde dos horas después fue localizada por servidores públicos de la Policía Ministerial de la entidad, quienes la pusieron a disposición de la autoridad ministerial local.
Tras agotar las investigaciones, la CNDH contó con elementos que le permitieron evidenciar transgresiones a los derechos de las tres víctimas, a la integridad y seguridad personal, legalidad y seguridad jurídica, así como el interés superior del niño y de la niña, y la vulneración al derecho a la vida del infante fallecido.
Por ello, se pide a la Comisión Nacional de Seguridad tomar las medidas necesarias para que se repare el daño a los familiares del niño que falleció, así como por los agravios cometidos a las otras dos víctimas, a las que se les deberá proporcionar la atención médica y psicológica necesaria que permita restablecer su salud física y emocional al estado en que se encontraba previo a la transgresión de sus derechos humanos.
Adoptar las medidas necesarias para que se diseñe e imparta a la totalidad de los servidores públicos del Servicio de Protección Federal, un programa integral de educación, formación y capacitación en materia de derechos humanos.
Se proporcione a los elementos del Servicio de Protección Federal, equipos de videograbación y audio que permitan acreditar que las acciones llevadas a cabo durante los operativos que realizan, se apegan a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
También, que se colabore ampliamente con esta Comisión Nacional en el trámite de la queja y la denuncia de hechos que promueva ante el Órgano Interno de Control en la Policía Federal y la Procuraduría General de la República, en contra de los servidores públicos involucrados en el presente caso.
FUENTE: Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México