Al presentar el Informe de Actividades 2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, se comprometió ante el Congreso de la Unión a que el Organismo nacional contribuya activamente a la construcción de un Estado de Derecho y se convierta en una institución promotora del diálogo respetuoso entre todos los actores sociales y políticos.
Tras subrayar que consolidará y reorientará los esfuerzos para que la CNDH atienda los compromisos que impone la sociedad mexicana de la segunda década del siglo XXI, dijo que será mediante el fortalecimiento de la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho como se enfrentará la compleja problemática que padece el país.
Convocó a la celebración de unas jornadas nacionales en la materia, con la participación de todos los actores políticos y sociales, con gran sentido ético y de tolerancia, y a la realización de una Carta de Deberes de las Personas, que clarifique los deberes y responsabilidades de todos.
Puso en relieve que las coyunturas que en distintos órdenes afectaron la vida en México durante 2009 generaron un ambiente adverso al desarrollo en los campos humano, económico y social.
La crisis económica, la inseguridad social, la desconfianza de la población hacia las instituciones y el entorno global incrementaron la actividad delictiva, lo que no debe suponer un adelgazamiento o reticencia en la observancia de los derechos humanos, sino una convocatoria para reforzar las acciones tendentes a garantizar su respeto total.
“Dicha convocatoria busca que todos los habitantes del país sean los auténticos beneficiarios de los derechos que establece el orden jurídico nacional, pero reclama el compromiso para que todos cooperemos para la consecución de la paz y la armonía que exige la plena convivencia social”, aseguró.
Plascencia Villanueva habló ante diputados y senadores de todos los partidos políticos congregados en el salón “Legisladores de la República” del Palacio Legislativo de San Lázaro, quienes estuvieron encabezados por el diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Refirió que la inseguridad que se vive en el país, que ha ido en aumento en los últimos años, lastima profundamente a la sociedad y ha cobrado la vida de muchos seres humanos y ha dejado a otros debatiéndose entre la vida y la muerte, como lo demuestran ocho mil ejecuciones atribuidas al crimen organizado en 2009.
“Es necesario frenar esta situación y exigir a las autoridades que trabajen de manera coordinada, responsable y eficaz en el combate a la delincuencia para garantizar a cada mexicano el derecho a la seguridad pública”, asentó.
Se pronunció en favor de tender puentes y promover la tolerancia, la armonía, la conciliación, el respeto a la disidencia, al distinto, al diferente, como condición necesaria para la construcción de un país de instituciones más justo y equitativo.
Señaló que en 2009 la CNDH ofreció más de 45 mil servicios, atendió 7,703 expedientes de queja y emitió 78 Recomendaciones específicas a más de 100 autoridades e instancias federales y locales.
El Ombudsman nacional dio a conocer que las Recomendaciones de la CNDH no fueron aceptadas por los titulares de los poderes ejecutivos de Guanajuato, Guerrero, Morelos y Oaxaca, y el jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Tampoco por los titulares de los ayuntamientos de Acayucan, Veracruz; Jiménez, Michoacán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Olinalá, Guerrero, y Tijuana, Baja California, así como los secretarios de Relaciones Exteriores y del Trabajo y Previsión Social; el Procurador General de la República, el Director General de Pemex, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, los directores generales del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y el del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud, además del Congreso del Estado de Sinaloa.
Por ello demandó fortalecer el trabajo de la CNDH mediante reformas legales para que los funcionarios que no acepten las Recomendaciones o que no las cumplan cuando hayan sido aceptadas, comparezcan ante las Comisiones de Derechos Humanos de las Cámaras de Diputados y/o de Senadores para fundar y motivar sus acciones u omisiones y, en todo caso, se les puedan fincar responsabilidades administrativas y/o penales.
Dio a conocer que durante 2009 se realizaron 978 actividades de capacitación en que participaron 43 mil personas; se ejecutaron 182 actividades con organizaciones sociales con participación de 6,600 personas y se firmaron 110 convenios de colaboración en materia de derechos humanos con universidades, organismos públicos, organizaciones no gubernamentales y autoridades.
Plascencia Villanueva destacó los Informes Especiales sobre el grupo juvenil “Emos” y sobre el secuestro de migrantes, así como la emisión de Recomendaciones Generales sobre el derecho a la protección de la salud por parte de las instituciones responsables en el país; sobre el plazo para resolver una averiguación previa por parte del Ministerio Público y sobre los casos de agresiones a periodistas y la impunidad prevaleciente.
“Debo expresar mi más enérgica condena por el hecho de que en 2009 se haya presentado el mayor número de atentados y agravios en contra de periodistas y defensores civiles de derechos humanos en los últimos años. Se radicaron 105 expedientes de queja en el año, 79 de ellos por actos cometidos en perjuicio de periodistas, y 26 en agravio de defensores civiles”, dijo.
Detalló que en el periodo de referencia de obtuvieron 674 certificados de libertad anticipada para indígenas; se realizaron 214 trabajos de campo y tramitaron 14,007 solicitudes de información a autoridades federales, estatales y municipales relacionadas con desaparición de personas en que se presumió o se afirmó la participación de algún agente del Estado, y se concluyeron 70 casos de personas reportadas como desaparecidas.
También se realizaron 1,555 visitas a estaciones migratorias en que se atendió a 30,515 personas y se iniciaron 197 expedientes de queja y nueve más de oficio; se atendieron 219 quejas relacionadas con presuntas violaciones al derecho de igualdad entre mujeres y hombres y se ofreció capacitación en esta materia a 5,815 personas.
Mencionó las 134 visitas en materia de supervisión penitenciaria, la entrega de 132,018 materiales audiovisuales sobre VIH/Sida, los 2,259 servicios a víctimas del delito, incluida la atención jurídica y psicológica, y enfatizó la impostergable necesidad de hacer realidad la Ley Federal de Atención a Víctimas del Delito y en particular de la Ley para la Atención a Víctimas del Delito de Secuestro.
Plascencia Villanueva hizo un llamado para que al recordar la Independencia de nuestro país y la Revolución Mexicana reflexionemos sobre los mexicanos que dieron su vida porque México sea un país de leyes, donde el respeto a la ley sea norma fundamental de convivencia y la vigencia del Estado de Derecho sea una condición imperante para sustentar el desarrollo del país.
Fuente: Tomado de la CNDH, ORGANISMO PUBLICO AUTONOMO
