La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició de oficio un expediente de queja y solicitó al gobierno de Oaxaca la adopción de medidas cautelares, para que los defensores civiles de derechos humanos y los periodistas puedan desempeñar sus labores.
Esta Comisión Nacional condena los hechos de violencia ocurridos en San Juan Copala, en donde resultaron muertas dos personas.
Además, se desconoce el paradero de dos defensores civiles de derechos humanos, dos periodistas y un ciudadano belga.
Para la CNDH el Estado mexicano no puede renunciar a su papel de garante del Estado de Derecho, sino que debe investigar de manera efectiva los hechos de violencia y sancionar a los responsables.
Beatriz Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS, A.C.) y el ciudadano finlandés Jyri Jaakkola son las personas que perdieron la vida.
La CNDH exige a las autoridades locales la aplicación de mecanismos que permitan hallar con vida a los reporteros Érika Ramírez Pardo y David Cilia García.
También, a David Venegas y Noé Bautista, de la organización Voces Oaxaqueñas, Construyendo Autonomía y Libertad, y al ciudadano belga Martín Santana.
La solicitud de medidas cautelares tiene su fundamento en los dispuesto por los artículos 3, 6, fracción II, y 40 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 116, 117 y 118 de su Reglamento Interno.
Visitadores adjuntos de la CNDH están ya en el lugar de los hechos, donde han entrado en contacto con familiares de los presuntos desaparecidos, recaban testimonios y han solicitado información a las autoridades.
La CNDH permanecerá atenta a la evolución de los acontecimientos y en su momento emitirá la resolución que conforme a derecho corresponda.
Fuente: Tomado de la CNDH