La Comisión Nacional de los Derechos Humanos que preside el doctor Raúl Plascencia Villanueva reitera la solicitud de clemencia para el mexicano Édgar Tamayo Arias, cuya sentencia de pena de muerte está contemplada aplicarse el próximo miércoles 22 de enero.
Para el Ombudsman nacional, el gobernador de Texas, Rick Perry, tiene la obligación legal y humana, de revisar y reconsiderar la sentencia a la pena capital de Édgar por deficiencias en el procedimiento penal instruido en su contra.
En días pasados, el doctor Raúl Plascencia Villanueva envió una carta al gobernador Perry y la Junta de Perdones del estado de Texas, en la que solicita la suspensión de la pena decretada contra el connacional y que le sea conmutada por una de prisión.
Insistió que la CNDH rechaza de manera absoluta la aplicación de la pena capital y refrendó su compromiso para continuar con los esfuerzos que protejan los derechos fundamentales de ciudadanos mexicanos ante los gobiernos extranjeros.
La Comisión Nacional cuenta con el Programa contra la Pena de Muerte de Mexicanos en el Extranjero, que verifica que los connacionales reciban asistencia consular y jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
A la fecha, este programa da seguimiento del estado procesal de 64 casos de mexicanos sentenciados a la pena capital, 61 en Estados Unidos y tres en Malasia. Como se sabe, el caso de nuestro connacional tiene que ver con la violación a los derechos o notificación y asistencia consular conocido como «caso Avena».
En su misiva, Plascencia Villanueva señaló que quedaría debilitada la autoridad de las instituciones que velan por el cumplimiento de la legislación internacional si se lleva a cabo la ejecución de la sentencia sin que el mexicano reciba las garantías a que tiene derecho, y que fueron determinadas por la Corte Internacional de Justicia.
Para las instituciones encargadas de la protección y defensa de los Derechos Humanos, la vida representa el bien supremo del ser humano, y como tal, constituye el bien jurídico más valioso.
El derecho a la vida es el fundamento de los ordenamientos constitucionales que lo reconocen
y amparan como valor esencial e interés social, sujeto a la protección del Estado, de ahí que
las naciones tienen la obligación de velar por su más absoluto respeto.
FUENTE: Comisión Nacional de Derechos Humanos de México