La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que preside el doctor Raúl Plascencia Villanueva, emitió una Recomendación dirigida al gobierno del estado de Oaxaca, con motivo de las afectaciones al derecho a la educación en agravio de alumnos de instituciones educativas oficiales en esa entidad federativa, quienes se vieron privados del servicio educativo como consecuencia del paro de labores docentes llevado a cabo por miembros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), durante el periodo comprendido del 19 de agosto al 14 de octubre de 2013, del ciclo escolar 2013 – 2014.
En este paro de labores escolares, la CNDH observó violaciones a los derechos humanos a la educación, seguridad jurídica, así como al interés superior de la niñez, en agravio de niños y niñas alumnos de escuelas públicas de educación básica de la entidad, atribuibles al Gobernador del Estado de Oaxaca y al director general del Instituto Estatal de Educación Pública de esa entidad federativa, con motivo de la prestación inadecuada del servicio educativo, así como por la omisión de tomar medidas oportunas y adecuadas para garantizar el acceso al mismo.
Dichas autoridades y miembros de la sección 22 del SNTE, incumplieron una serie de obligaciones y principios que era su deber observar, y dieron prioridad a la satisfacción de intereses de un grupo sindical, soslayando el deber jurídico de garantizar el derecho a la educación de los alumnos en el estado de Oaxaca.
Al no otorgarse este servicio público de manera ininterrumpida, se dejaron de observar las disposiciones legales, y los principios de continuidad, regularidad y eficiencia que rigen su prestación.
Este Organismo público autónomo tuvo conocimiento del caso a través de los medios de comunicación, por lo que se radicó de oficio el expediente respectivo al cual se acumuló una queja.
Confirmó que el 19 de agosto de 2013, fecha fijada para el inicio del ciclo escolar 2013 – 2014, en el calendario oficial emitido por la Secretaría de Educación Pública, las clases en escuelas de educación básica en el estado no comenzaron a impartirse, sino hasta el 14 de octubre de 2013; inactividad que para el caso de algunos planteles educativos, persistió hasta el mes de diciembre de 2013.
Constató que durante los 38 días hábiles en que las labores docentes se interrumpieron, aproximadamente 892 mil 528 alumnos que representan el 94% de los educandos de la entidad fueron privados del servicio educativo al que tenían derecho.
En la recomendación formulada, la Comisión Nacional hizo patente que la educación es, además de un derecho, un medio para realizar valores superiores del ordenamiento jurídico, para garantizar el desarrollo del individuo y el constante mejoramiento de la sociedad.
En razón de lo anterior se recomendó al Gobierno del Estado de Oaxaca que se establezca un programa de regularización pedagógica en beneficio de los niños afectados para resarcir el daño; se adopten las medidas necesarias para garantizar que los contenidos de los planes y programas de estudio se cumplan y cubran totalmente, de manera tal que la niñez oaxaqueña no sufra atraso alguno.
Asimismo, se establezca un programa para dar validez oficial a las clases que hayan otorgado profesores miembros de la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, durante el período que comprendió el paro de labores magisteriales; se implementen estrategias para prevenir y evitar que los alumnos de educación básica en el estado de Oaxaca sean privados del servicio público educativo, en caso de que una situación similar ocurra en lo futuro y se prevean mecanismos para la solución pacífica de conflictos aplicable al ámbito escolar con el fin de evitar que se afecte el proceso enseñanza aprendizaje y el adecuado desarrollo de los niños.
Este organismo nacional presentará la denuncia y queja ante las autoridades correspondientes.
FUENTE: Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México