La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 1/2015, primera de este año, dirigida al gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, al haber acreditado violaciones a los derechos humanos de una mujer que fue privada de su libertad, incomunicada y torturada por elementos de la Procuraduría General de Justicia de la entidad.
El 10 de julio de 2012 la agraviada y dos personas más fueron d etenidas por elementos de la Dirección de Averiguaciones Previas de esa Procuraduría, quienes señalaron que el automóvil en que estaban tenía reporte de robo.
La mujer fue privada de su libertad en las oficinas de la Policía Ministerial , donde refirió a sus familiares que fue golpeada en todo el cuerpo y obligada a firmar una declaración vendada de los ojos. Los hechos dieron lugar a un expediente de queja de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa que, al acreditar violaciones a derechos fundamentales, emitió la Recomendación 2/2013, dirigida a la Procuraduría General de Justicia del estado, que la rechazó.
El organismo local presentó recurso de impugnación ante la CNDH que, tras su investigación, determinó violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad, libertad, integridad y seguridad personal, así como al trato digno, por hechos consistentes en detención arbitraria, retención ilegal, incomunicación y tortura en agravio de la víctima.
Por ello, la CNDH pide al Gobierno de Sinaloa que cumpla en todos sus términos la Recomendación 2/2013 emitida por la Comisión Estatal y repare el daño ocasionado a la mujer, a quien debe brindar atención médica y psicológica. Además, se solicita al gobierno sinaloense colaborar con la CNDH en el inicio y trámite de la queja y denuncia de hechos que promoverá ante la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa y la Procuraduría General de Justicia del Estado, respectivamente, y en la inscripción de la agraviada en el Registro Estatal de Víctimas.
También, que instruya a la Procuraduría estatal a que reconozca la competencia de las Comisiones de Derechos Humanos para intervenir en asuntos relativos a la detención y puesta a disposic ión de la autoridad ministerial, y capacite al personal médico y pericial en el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del «Protocolo de Estambul». Se le pide, asimismo, que ordene a los agentes de la Policía Ministerial que las personas detenidas sean puestas de inmediato a disposición de la autoridad correspondiente, y no utilicen sus instalaciones como centros de detención, interrogatorio y tortura.
Esta Recomendación, que ya fue debidamente notificada, al Gobierno estatal, puede ser consultada en la página www.cndh.org.mx.
FUENTE: Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México