El presidente de la CNDH, Doctor Raúl Plascencia Villanueva, dio a conocer el Informe Especial de la CNDH sobre las irregularidades cometidas, por servidores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR), el 9 de diciembre de 2005, durante y después del operativo en el que se detuvo a la ciudadana francesa, Florence Cassez.
Señaló que derivada de las acciones y omisiones de algunos servidores públicos de la PGR, este Organismo público autónomo encontró que se vulneraron los derechos a la seguridad jurídica y acceso a la justicia de las víctimas del delito, privadas ilegalmente de su libertad.
Observó que tales anomalías tuvieron como consecuencia que las víctimas no tuvieran acceso a la justicia ni a la reparación del daño, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara el 23 de enero pasado la libertad de la señora Cassez, «no por ser inocente del delito, sino por violaciones al debido proceso».
Producto de una investigación de oficio, el Informe Especial detalla que con su actuación los servidores públicos omitieron desempeñar sus cargos con la debida diligencia y pasaron por alto los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Anunció que toda vez que ya concluyó la investigación, la Comisión Nacional presentará una denuncia en contra de al menos 21 funcionarios que autorizaron, toleraron o participaron en el montaje televisivo de la detención de la señora Cassez acusada de secuestro, y posteriormente se negaron a proporcionar a la CNDH la información del caso.
En conferencia de prensa, el Ombudsman nacional indicó que en los hechos se observó que los elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) no dieron protección adecuada a las víctimas del delito e hicieron, con esta conducta, nugatorio su acceso a la justicia.
Las principales irregularidades detectadas fueron: omisión de los deberes de cuidado; inobservancia del principio de debida diligencia; y negligencia de los servidores públicos que intervinieron y supervisaron, lo cual derivó en una violación al debido proceso.
Por ello, en su Informe Especial, la CNDH hace cinco propuestas para que se investiguen los probables delitos y las faltas administrativas en que incurrieron diversos servidores públicos, agentes de la PGR y agentes del Ministerio Público de la Federación.
Asimismo, a mandos medios y superiores como los entonces titulares de la AFI; el de la Unidad Especializada en Investigación y Secuestro; el de la Dirección General de Investigación Policial y el Director de Operaciones Especiales.
Pide que la PGR instrumente medidas cautelares necesarias para salvaguardar los derechos de las víctimas del caso, así como de las investigaciones que se lleven a cabo hasta la total detención de los responsables.
Igualmente, que se colabore con la Comisión Nacional en la presentación y trámite de la denuncia que formule para deslindar las responsabilidades correspondientes; lograr la reparación de los daños ocasionados a las víctimas, y que la PGR diseñe e implemente de manera permanente un Programa de Educación y Formación en materia de derechos humanos.
FUENTE: Comisión Nacional de Derechos Humanos de México