La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que preside el Doctor Raúl Plascencia Villanueva, considera que la sociedad y el gobierno tienen un compromiso pendiente con los 15.7 millones de indígenas que viven en nuestro país en condiciones de máxima vulnerabilidad y abandono.
Es necesario que el Estado implemente políticas públicas y programas sociales que contribuyan a erradicar la pobreza, marginación, carencias, rezagos y la discriminación que padecen y se les garantice el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades de desarrollo, con el fin de que tengan una mejor calidad de vida.
Uno de los derechos que se les ha negado es el de la vivienda adecuada, con acceso a servicios indispensables como agua, energía eléctrica y drenaje, en la que sus habitantes puedan satisfacer sus necesidades básicas de salubridad y seguridad.
Datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas revelan que de los 2.4 millones de viviendas de estas comunidades, 27.5 por ciento no tiene agua entubada, 36.4 por ciento carece de drenaje, 7.5 por ciento no cuenta con energía eléctrica y 19.4 por ciento no tiene pisos firmes.
Con el objetivo de que se conozcan y respeten los derechos humanos de los pueblos originarios, la CNDH lleva a cabo pláticas, cursos, talleres, seminarios y foros a los que se convoca a servidores públicos y miembros de la sociedad.
Durante este año, a través del Programa de Promoción y Difusión de los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, realizó 331 actividades de capacitación a las que asistieron 17 mil 591 personas y distribuyó 112 mil 809 ejemplares impresos como carteles, cartillas, cuadernos de trabajo y trípticos.
Para este Organismo nacional autónomo es primordial que se redoble el esfuerzo para que se elaboren y apliquen políticas públicas que contribuyan a que los pueblos y comunidades indígenas puedan disfrutar de sus derechos humanos, superen el rezago en el que viven y logren el desarrollo pleno al que aspira toda sociedad democrática y justa.
FUENTE: Comisión Nacional de Derechos Humanos de México