La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que no sólo están pendientes de cumplir por los tres órdenes de gobierno muchas acciones relacionadas con los homicidios y desapariciones de mujeres ocurridos en el municipio de Juárez, Chihuahua, sino que a pesar de los más de 300 millones destinados por los gobiernos Federal y Estatal para procurar justicia, atender a las víctimas, fortalecer el tejido social, impulsar políticas públicas con perspectiva de género y tendentes a prevenir más homicidios de mujeres, no se ha logrado frenar esta forma de violencia, ya que de enero de 2004 al mismo mes de 2008 han ocurrido 89 casos más, lo que representa un aumento de casi 30% de los homicidios registrados en una década en esa ciudad fronteriza.
Al presentar el Segundo Informe de Evaluación Integral de las Acciones Realizadas por los Tres Ámbitos de Gobierno en Relación con los Feminicidios en el Municipio de Juárez, Chihuahua, el Ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, exhortó a los gobiernos federal, estatal y municipal para que cumplan en sus términos con las propuestas que se les hicieron en el Informe especial de la CNDH, del 25 de noviembre de 2003, y atiendan las observaciones formuladas en el Informe de seguimiento, del 24 de noviembre de 2004, así como en el primer informe de evaluación integral, del 23 de agosto de 2005.
En conferencia de prensa realizada en el auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos, donde estuvo acompañado por el primer visitador general, Raúl Plascencia Villanueva, Soberanes Fernández refirió que en los últimos quince años 423 mujeres han sido privadas de la vida en dicha ciudad fronteriza, por lo que la CNDH “desea activar, de nueva cuenta, la conciencia ciudadana acerca de la ingente necesidad de no asumir como hechos normales los feminicidios de Ciudad Juárez, pero tampoco los errores y las omisiones de quienes tienen la responsabilidad de resolverlos”.
Tras señalar que el seguimiento realizado por la CNDH permite advertir que existe escasa coordinación entre las dependencias públicas de los tres órdenes de gobierno, subrayó que actuar en todo caso con la debida diligencia hasta cumplir las encomiendas es materia en la que se espera un resultado mucho mayor mediante enfoques jurídicos, criminológicos y sociales de cara a la nación y sujetos al escrutinio público.
“En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, añadió, hemos manifestado –y lo reiteramos hoy— que hacer efectivo el derecho fundamental de acceso a la justicia en el caso de las mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez exige dar con los responsables de los feminicidios, castigarlos, lograr que se cumpla el derecho a la reparación del daño en favor de los deudos de las víctimas directas y hacer que se adopten medidas de prevención para garantizar la no repetición de esos hechos”.
Refirió que la Presidencia Municipal de Juárez, no obstante los diversos requerimientos de información de la CNDH, no ha dado respuesta alguna, por lo que prevalece la situación descrita en el informe de evaluación integral del 23 de agosto de 2005.
Destacó que la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, únicamente destinó 13 millones de pesos para apoyar económicamente a 63 familiares de víctimas de homicidios, en contraste con el monto y el carácter de muchos de los gastos que por casi 320 millones de pesos realizó dicho organismo con fines muy diversos.
Explicó que dicha Comisión describe, en su “libro blanco”, haber implementado el modelo Leo Luca, para prevenir y erradicar la violencia en Juárez, a un costo de tres millones de pesos, así como haber organizado congresos y convenciones en 2004, por 283 mil 755 pesos; en 2005, por dos millones 86 mil pesos y en 2006, por 387 mil 433 pesos.
Además, pagó por asesorías en 2005, tres millones 243 mil pesos y realizó en fechas diversas seminarios sobre ética pública, para los que se destinaron 500 mil pesos. Se reportan también gastos de difusión educativa por un millón 600 mil pesos; jornadas “Pacto por la Cultura
Soberanes Fernández precisó que los señalamientos hechos por la CNDH al trabajo y los enfoques metodológicos del órgano administrativo de la Secretaría de Gobernación tuvieron como única respuesta la crítica acérrima y sin fundamento de quienes, poco después, renunciaron a las responsabilidades derivadas del cargo que habían aceptado.
Por lo que hace a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, apuntó que se le confirió la calidad de agente del Ministerio Público de la Federación y sus encomiendas están pendientes de cumplimiento, ya que quienes estuvieron al frente de la misma en ningún momento reportaron cuáles fueron las acciones que en lo particular o de manera conjunta emprendieron con la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua, ni refirieron cuántos casos se aclararon con su intervención, ni los resultados obtenidos en los procesos penales iniciados en contra de los probables responsables.
Señaló que en el caso del gobierno de Chihuahua se observó que mantiene un esfuerzo importante para cumplir con los compromisos que asumió para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres, no sólo en Juárez sino en toda la entidad, para lo cual ha invertido casi 180 millones de pesos en programas de prevención e investigación de los delitos y en sumar esfuerzos con los poderes Judicial y Legislativo del estado.
Destacó que el nuevo sistema de justicia penal de Chihuahua está orientado hacia un modelo que ofrezca atención integral a las víctimas del delito, particularmente a personas de grupos vulnerables.
Recordó que la CNDH ha recomendado en forma reiterada a los tres órdenes de gobierno que, en términos de las normas jurídicas que regulan su actuación y en el ámbito de su competencia, impulsen programas específicos encaminados a fortalecer acciones en materia de seguridad pública, procuración y administración de justicia, a restablecer el Estado de derecho en Juárez y lograr que la ciudadanía recobre la confianza en las instituciones, al garantizarle sus derechos a la vida, a su libertad y a sus bienes.
Fuente: Tomado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México.