Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que preside el Doctor Raúl Plascencia Villanueva, es fundamental reiterar el rechazo a la conformación de grupos de autodefensa en la República mexicana, e indelegable obligación de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno de cumplir con su responsabilidad de garantizar la integridad física y patrimonial de la población y el derecho a la seguridad pública, tal y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Comisión Nacional no niega ni minimiza el hecho de que la aparición de los grupos de autodefensa responda a un acto desesperado de la población, por las omisiones del Estado en materia de seguridad pública y debido al inminente crecimiento de estos grupos en estados como Guerrero, Oaxaca, Morelos y el Estado de México.
Este Organismo autónomo expresa su preocupación por la existencia de grupos armados con intereses distintos a la autoprotección, que quebranten la estabilidad de las instituciones, debido a que existe una línea muy tenue entre estas organizaciones de autodefensa y los grupos paramilitares.
Nada justifica que un grupo de personas decida tomar justicia por propia mano e intente sustituir a los poderes públicos al colocarse por encima del gobierno. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, claramente establece que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
Es importante recordar que los usos y costumbres de los pueblos operan exclusivamente para la resolución de conflictos internos y no pueden contravenir nuestra Constitución, especialmente el respeto a los derechos humanos.
La CNDH considera una prioridad que las autoridades correspondientes cumplan con la función esencial de brindar seguridad pública a la sociedad, ante el riesgo de que estos grupos armados se extiendan a otros estados de la república, y que asuman atribuciones de legisladores, Ministerio Público, jueces y eventualmente, ejecutores de penas.
Esta situación resulta sumamente preocupante, puesto que las violaciones al debido proceso que cometan estos grupos difícilmente podrá convalidarse por las autoridades ministeriales o los jueces, quienes eventualmente pueden dejar en libertad a personas probablemente responsables de delito, abonando a la impunidad que pretenden combatir.
FUENTE: Comisión Nacional de Derechos Humanos de México