La CNDH, que preside el Doctor Raúl Plascencia Villanueva, considera necesario impulsar políticas públicas que garanticen el derecho al acceso al agua de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible, dado que el disfrute de este derecho está vinculado con otros como la vida, la salud, el bienestar, el esparcimiento y el desarrollo.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha señalado que si bien México podría alcanzar e incluso superar las metas del milenio en lo que se refiere a la cobertura de servicios de agua y saneamiento, la calidad y el acceso a dichos servicios evidencian fuertes contrastes, que derivan de la inequidad y las desigualdades socioeconómicas, étnicas y de género de la población.
A través del proyecto denominado Programa Conjunto para Fortalecer la Gestión Efectiva y Democrática del Agua y Saneamiento en México para apoyar el logro de los Objetivos del Milenio, el PNUD precisa que las zonas urbanas tienen los más altos niveles de cobertura en agua y alcantarillado; los promedios son de 86.1 por ciento y 89.7 por ciento, respectivamente.
En contraste, señala que en las zonas rurales, el promedio es de 71.5 por ciento y en comunidades con menos de dos mil 500 habitantes es de 58.1, aunque hay miles de localidades sin acceso al agua potable.
Por esta razón, las enfermedades intestinales infecciosas constituyen la novena causa de muerte entre mujeres indígenas y la décima entre los hombres. El 8 de febrero de 2012, se reconocieron, en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de «toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible» y la obligación del Estado mexicano de garantizar su ejercicio.
Para la CNDH, el abastecimiento adecuado de agua salubre es prioritario, a fin de satisfacer las necesidades de consumo de toda la población, evitar el riesgo de enfermedades y contribuir al pleno cumplimiento de los Objetivos del Milenio; combate a la pobreza, equidad de género y disminución de la mortalidad infantil.
Es fundamental que las autoridades del Estado Mexicano pongan en práctica programas de supervisión en las labores de explotación racional del agua, a fin de garantizar el abasto suficiente, el acceso a la misma y la calidad necesaria para el consumo humano.
FUENTE: Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México