El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, subrayó que la pobreza, desigualdad, falta de oportunidad y de servicios suficientes y de calidad, así como la inseguridad, inciden negativamente en la calidad de vida de la infancia mexicana, por lo cual se pronunció porque se adopten medidas y acciones diferenciadas, dependiendo de los problemas más apremiantes en cada entidad, si en verdad se quiere dar una respuesta efectiva y contribuir al respeto y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
«México –dijo— tiene una agenda pendiente que cumplir en favor de sus niñas, niños y adolescentes que son parte del presente, pero también del futuro del país. Es nuestro compromiso y reto garantizar y hacer efectivos sus derechos a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la participación. En esta tarea es indispensable la acción conjunta y coordinada de autoridades y sociedad. Nuestro futuro como país depende de ello», enfatizó.
Al dirigir un mensaje en el acto en que el Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Juan Martín Pérez García, presentó el Informe «La Infancia cuenta en México», González Pérez, añadió que la adecuación de toda nuestra normativa interna a lo dispuesto por la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, tendría que ser algo que necesariamente se diera por hecho, sin dar cabida a espacios de discusión o deliberaciones sobre este tema. «La reciente ley general de niñas, niños y adolescentes contempla una protección integral y toma en cuenta las problemáticas especiales que vulneran los derechos de las niñas, niños y adolescentes».
Tras mencionar que el informe presentado hoy es ejemplo y testimonio de lo que puede lograr la sociedad civil cuando coordina sus esfuerzos para la atención de un problema, señaló que cuando la sociedad civil se articula para formular propuestas viables y objetivas que tienen una incidencia real en la materia que pretende atender, se generan aportaciones tan útiles y relevantes como este reporte anual de indicadores.
«La ciudadanía responsablemente organizada debate y expresa públicamente y en voz alta sus opiniones, ya sea con un ánimo propositivo, de colaboración o crítico, pero actúa con transparencia y claridad, lo cual dignifica a sus miembros en lo individual y a sus organizaciones, pues se legitiman sus postulados al asumirse la responsabilidad de los mismos y se hace público el compromiso de actuar para el perfeccionamiento de nuestras instituciones y la atención de los más importantes temas nacionales, como lo es la situación de las niñas, niños y adolescentes», aseguró.
El Ombudsman explicó que desatender a niños y jóvenes es propiciar que nuestros problemas y retos actuales sean más complejos y graves en un futuro, lo cual no lo podemos permitir ni como sociedad ni como país. Lo anterior implica no sólo atender los problemas inmediatos o urgentes, sino iniciar acciones preventivas, dentro de las cuales la educación cobra especial relevancia.
Afirmó que la educación es el medio para transformar y mejorar a la sociedad, en particular una educación en y para los derechos humanos. Un Estado en que impere realmente la justicia, indicó, difícilmente se podrá alcanzar mientras no se produzca un cambio de paradigma cultural dentro de todos los miembros de la sociedad, en la que se genere la convicción de que el cumplimiento de la ley produce sus frutos y que el cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada uno redunda en beneficio de todos. González Pérez puntualizó que la educación es la mejor inversión que puede hacerse para nuestra infancia y adolescencia, ya que sólo mediante la educación y la cultura México alcanzará la verdadera justicia que busca y reclama la sociedad. Esto, finalizó, generará una transformación que permitirá superar la desigualdad existente mediante la equidad, la solidaridad y la consolidación de una sociedad respetuosa de la ley, que busque y valore la justicia.
Atención de denuncias por violencia contra adultos mayores en la mira de la Defensoría La Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) estudiará el abordaje y la atención que distintas instituciones brindan a las denuncias por violencia contra personas adultas mayores en el país. Esto, porque la población adulta mayor es una prioridad para la Defensoría y más cuando se trata a lo relacionado a su bienestar y calidad de vida. Por esa razón, el ente defensor solicitó los datos estadísticos sobre las denuncias tramitadas a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), Conapam y el Hospital Raúl Castro Cervantes.
Puntualmente, la Defensoría aspira a conocer la información del registro de quejas, clasificadas por sexo y edad del denunciante, tipo de violencia, trámite realizado y resultado obtenido tras el seguimiento a la denuncia, que tiene el Estado a disposición para desarrollar un trabajo con la institucionalidad pública.
FUENTE: Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México