Luis Raúl González Pérez convocó a sus homólogos a pronunciarse en favor de la vigencia y protección del derecho a la educación.
Recordó que la omisión, indiferencia y falta de respuesta de algunas autoridades ha propiciado el alejamiento y desconfianza de la sociedad en las instituciones
El gobernador Arturo Núñez Jiménez inauguró el XLII Congreso Nacional Ordinario y Asamblea General de la FMOPDH Ante los defensores de derechos humanos del país, el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que “el derecho a la educación de calidad es una prioridad y como tal debe tratarse en atención al interés superior de la niñez y de los jóvenes”.
Por ello, convocó a sus homólogos a pronunciarse en favor de la vigencia y protección del derecho humano a la educación, especialmente por lo que hace a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, “cuyo interés superior demanda que las distintas autoridades en materia educativa, en sus respectivos ámbitos de competencia, cumplan con sus obligaciones como servidores públicos y den vigencia a este derecho”
Al hablar en la ceremonia inaugural del XLII Congreso Nacional Ordinario y Asamblea General de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), señaló: “Sólo mediante la vigencia y ejercicio del derecho constitucional que asiste a todos los mexicanos de acceder a una educación de calidad y con los alcances y términos previstos por el artículo 3° de nuestra Constitución –dijo—, podremos adquirir los conocimientos y principios necesarios para que se desarrolle una cultura cívica y jurídica que propicie el que vivamos en un verdadero estado de derecho, en donde todas las personas conozcan y hagan valer sus derechos pero, al mismo tiempo, cumplan con sus obligaciones y se reconozca y valore el cumplimiento que de las mismas hagan los demás”.
Acompañado en el presídium por el gobernador Arturo Núñez, que inauguró los trabajos, y el Presidente de la Federación, Juan José Ríos Estavillo, González Pérez recordó que el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y él mismo, en distintas ocasiones, ya habían hecho referencia a este tema, sin demérito de la importancia o validez que tengan otros planteamientos o intereses legítimos.
El Presidente de la CNDH puntualizó que la omisión, indiferencia y falta de respuesta en que pueden incurrir algunas autoridades, ha propiciado el alejamiento y desconfianza de la sociedad en las instituciones, por lo cual apuntó que el ejercicio responsable de la autonomía y las atribuciones que la Constitución y las leyes les conceden, es la mejor forma de que esos organismos públicos consoliden su reconocimiento y legitimidad, y de que el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos fundamentales se reafirme.
“La autonomía e independencia de nuestras acciones –afirmó— no pueden estar sujetas al arbitrio de uno u otro gobierno o autoridad, pues son mandato constitucional y tienen que ser ejercidas plenamente en la práctica. Por lo anterior, consideró necesario que esta Federación Mexicana sea el conducto para articular los esfuerzos para que la autonomía que la Constitución reconoce a los organismos de protección de derechos humanos sea una realidad que trascienda el ámbito normativo y tenga vigencia, por igual, en todo el país”. González Pérez destacó la importancia de sumar esfuerzos entre la Comisión Nacional y sus homólogas en las entidades federativas, para fomentar y recuperar la credibilidad y confianza de la sociedad en el sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos en México, para lo cual apuntó que la Federación Mexicana se revela como la instancia idónea para coordinar las acciones para tal fin.
“Uno de los campos en donde les propongo sumemos nuestros esfuerzos –añadió— es el relativo a la armonización normativa. La adecuación normativa que se haga debe lograr que lo previsto por las normas internacionales se contemple en nuestros ordenamientos jurídicos internos, tanto federales como estatales y municipales, y que lo previsto a nivel estatal y municipal sea acorde con la normativa federal”
FUENTE: La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México