Al participar en el Foro «Retos y acciones del Estado frente al arraigo», en el Senado de la República, el Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, expresó su preocupación por el costo que tiene el abuso de esta práctica en México para los derechos humanos, porque conlleva detenciones arbitrarias, fabricación de pruebas y tortura.
Explicó que el arraigo no es un problema aislado, sino un eslabón en una cadena que se ha construido a partir del endurecimiento del sistema y de las prácticas penales: «El arraigo es violatorio de derechos humanos, en sí mismo es un abuso. Es lo que podríamos denominar una violación legal».
Destacó que en estados como Chiapas y Oaxaca ya se ha eliminado la figura del arraigo y en Querétaro el Poder Legislativo va en el mismo camino. Apuntó que mañana en el Distrito Federal se presentará una iniciativa para derogarlo.
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) consideró necesario tener resultados pronto en términos de una Reforma Constitucional para adelantar la eliminación del arraigo.
«Necesitamos construir un camino para que el proceso penal sea respetuoso de los derechos humanos, que sea capaz de actual con certeza, capaz de poder distinguir entre quienes cometen delitos y tratar a quienes (los) cometen con el apego a sus derechos, para generar esa legitimidad que tanto hace falta en el Estado mexicano».
Señaló que desde hace más de una década el país vive tiempos complicados debido a la criminalidad, por lo que se requieren medidas para su contención, cuyos controles deben ser más rígidos para evitar transgredir la dignidad humana.
Luis González Placencia sostuvo que hoy existe la esperanza de una nueva rectoría del Estado donde los derechos humanos sean el eje rector de la política pública en materia de justicia.
Ejemplo de ello, dijo, son la Reforma Penal del 2008, la Reforma en derechos humanos del 2011 y actualmente la discusión en torno a la Reforma de amparo.
El Subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Ciudadanía de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo García Cervantes, aseveró que el Congreso de la Unión no tiene de otra que eliminar el arraigo o endurecer su aplicación de forma excepcional ante los numerosos casos de violaciones a derechos humanos.
Indicó que de 2007 a la fecha se presentaron 8 mil 174 solicitudes de arraigo a nivel federal de las cuales 7 mil 804 fueron aceptadas y 370 negadas. Estas cifras, insistió, demuestran su uso indiscriminado. Por ello, subrayó, la PGR será absolutamente respetuosa de los derechos humanos para no debilitar a las instituciones.
El Coordinador Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, Luis Miguel Barbosa Huerta, sostuvo que en el sol azteca hay una necesidad de establecer requisitos más estrictos para su otorgamiento con miras a una aplicación correcta.
El Representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, solicitó al Congreso de la Unión retomar las recomendaciones de organismos internacionales para que se garantice la desaparición del arraigo en la legislación y en la práctica.
En el evento también participó el Abogado General de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Luis Raúl González; la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, Lía Limón García; el Senador Miguel Romo Medina; el Director interino de Amnistía Internacional (AI), Daniel Zapico Alonso; la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña Gómez; la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Miriam Cárdenas Cantú; el Investigador de la Universidad Iberoamericana (UAI), José Luis Caballero.
En las diversas mesas sobre delincuencia organizada, víctimas y reformas legales en torno al arraigo participaron también la Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez Ruiz; el especialista en derecho penal, Rodolfo Félix Cárdenas; y el Primer Visitador de la CDHDF, Mario Patrón Sánchez, entre otros.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México