Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e instituciones públicas reunidas en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), demandaron a los Estados que conforman la región de México y Centroamérica, a emprender acciones conjuntas con la ciudadanía, a fin de reducir la inseguridad y violencia de la ruta migratoria para asegurar los derechos de las personas migrantes.
Lo anterior, al concluir los trabajos del Foro Internacional: «Estrategias regionales para el fortalecimiento de Organismos Públicos de Derechos Humanos y Organizaciones de la Sociedad Civil en la protección de personas migrantes en México y Centroamérica. Propuestas y articulaciones con perspectiva regional», llevado a cabo los días 27 y 28 de noviembre.
Destacó la participación de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derechos, el Foro Nacional para las Migraciones de Honduras, el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, la Casa del Migrante de Saltillo, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, la CDHDF, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, integrantes de la Red DH Migrantes.
En la mesa sobre la articulación regional frente a la situación de los derechos de las personas migrantes, las y los ponentes acordaron que en las políticas migratorias de la región debe prevalecer el paradigma de los derechos y seguridad humana.
Subrayaron la necesidad de que la situación de los derechos de las personas migrantes sea abordada por todos los actores involucrados de manera integral y corresponsable, a través de la cooperación y un dialogo abierto, igualitario e incluyente para la toma de decisiones.
En la mesa sobre seguridad e integridad personal en el contexto de la migración, las y los participantes coincidieron en la importancia de que se fortalezcan los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas hacia las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley, especialmente el Instituto Nacional de Migración (INM), a través de la definición de indicadores de resultados sobre su desempeño.
También reconocieron la existencia de secuestros, extorsiones y abusos contra migrantes en los que participan las autoridades y la persistencia de la impunidad frente a estos delitos, así como de amenazas y riesgos hacia las personas defensoras de derechos humanos.
En la mesa relacionada con la búsqueda de personas migrantes desaparecidas y los derechos a la verdad, a la información, acceso a la justicia y al resarcimiento; las y los ponentes advirtieron que si bien existen avances en la materia, principalmente en la identificación de restos de personas que se encontraban desaparecidas, éstos han provenido principalmente de los esfuerzos de la sociedad civil en conjunción con organismos públicos de derechos humanos.
Coincidieron en que resulta apremiante la definición e implementación de protocolos de actuación para localizar personas desaparecidas en la región de México y Centroamérica que haga consistente la búsqueda e investigación de personas desaparecidas con respeto a sus familias y su derechos a la verdad y a la justicia.
En la mesa sobre salud y migración se concluyó que el sistema de salud mexicano es ineficiente para la atención de personas migrantes debido, principalmente, al desconocimiento y apatía de los funcionarios de salud sobre la Ley de Migración; la existencia de mitos referentes a los migrantes que obstaculizan su acceso a la salud, y la insuficiente capacidad hospitalaria y de medicamentos para su atención.
Los panelistas advirtieron que, a pesar de la labor de instituciones como la Cruz Roja y el Albergue Jesús el Buen Pastor en Chiapas, la violencia y apatía institucional pone en manifiesto que el hecho de migrar aumenta la vulnerabilidad de las personas en su salud e integridad física.
En la mesa sobre procesos psicosociales, se concluyó que el enfoque sicosocial debe ser un eje transversal y no una acción individual, que permita un abordaje integral de las personas migrantes y sus familias, sin desconectarlo de su contexto actual y de la preexistencia de múltiples violaciones a derechos humanos desde antes de la migración.
Los participantes dijeron que este enfoque debe integrarse a los procesos de litigio para tener como centro a las personas, que informadas puedan tener expectativas realistas, expresar y elaborar sus miedos y sus resistencias al proceso, pero sobre todo tomar decisiones en torno a lo que quieren hacer frente a las múltiples violaciones. Solo en la medida en que se les informa, se les acompaña y se les da voz, pueden empujar acciones de exigibilidad de justicia no solo individual sino como colectivo y así promover las transformaciones sociales necesarias.
También subrayaron que la Ley de Migración de México obliga al INM a coordinarse con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional) y Estatal para atender a las niñas y niños migrantes no acompañados de manera especial, sin embargo, esto no se lleva a cabo adecuadamente.
Destacaron que el DIF no ha asumido sus responsabilidades pues en muchos Estados no tiene albergues para atender a esta población. Por su parte, el INM no notifica a los consulados y cuando lo hace, no siempre responden adecuadamente.
Señalaron que en los eventos de deportación, las autoridades responsables no siempre cumplen los criterios establecidos en la memoranda de entendimiento en la materia. Tampoco en los países de origen de las y los niños deportados se cuenta con las medidas de protección integrales, ni de atención y reintegración a sus familias, comunidades o a la escuela.
Por tanto, se coincidió que, en general, la actuación de los Estados no se rige por el principio del Interés Superior de los niños y niñas en la implementación de políticas públicas y programas en materia de migración.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México