Durante 2012, la CDHDF ha registrado 45 quejas por presuntos agravios con motivo de la orientación sexual de las personas.
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, refrendó su compromiso institucional para continuar defendiendo y promoviendo los derechos de las personas con una identidad diferente a la heterosexual y celebró la publicación del Protocolo de actuación para la atención de las personas de la Comunidad (LGBTTTI), el 1º de junio pasado.
Al comentar sobre los avances democráticos en el Distrito Federal, González Placencia destacó que, más allá de que el Protocolo señala e instruye claramente sobre los procedimientos para investigar crímenes de odio por homofobia, consolida las políticas publicas para la atención de la población no heterosexual.
«Hablar de un Protocolo es hablar de la sistematización de pasos que se convierten en procedimiento, para darle dirección al Código de Procedimiento Penales, para darle instrucciones directas y precisas al Ministerio Público, sobre qué es lo que tiene que ir haciendo para que la investigación logre su cometido», explicó el Ombudsman capitalino.
Y advirtió que la importancia del Protocolo es que consolida este tipo de procedimientos, más allá de quién esté al frente de la propia Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), responsable de investigar el delito y determinar la responsabilidad, como política de Estado, más que como signo de un gobierno.
«Debemos aspirar a que estas políticas que han perfilado al Distrito Federal como una entidad de vanguardia en la materia, se generalicen como políticas públicas, y que el Procurador que llegue, incluso siendo el caso de que fuera homofóbico, se vea obligado a aplicar el Protocolo y a aprender a dejar de serlo», insistió.
Por otra parte, señaló que en lo que va del año, la CDHDF ha registrado 45 quejas de personas en agravio a su derecho a la no discriminación con motivo de su orientación sexual; en tanto que entre 2005 a 2011, recibió 259 quejas.
Sin atribuirlo a una razón en particular, dijo que sí es un hecho que ahora la gente siente más confianza para denunciar la violación de sus derechos en la CDHDF, más que porque exista un incremento en el número de agravios.
El incremento, explicó, sí nos obliga a tener instrumentos mucho más precisos para atender la problemática, denunciando, girando medidas precautorias o emitiendo Recomendaciones, según sea el caso.
En ese sentido, coincidió con el Presidente de Agenda LGBT, Jaime López Vela, en la necesidad de adecuar la redacción del Artículo 206 del Código Penal para el Distrito Federal, sobre los delitos contra la dignidad de las personas, que impone de uno a tres años de prisión o de 25 a cien días de trabajo en favor de la comunidad y multa de 50 a 200 días a quien por razón de la orientación sexual atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de otras personas.
Dijo que las y los integrantes de la Comunidad LGBTTTI pueden estar seguros de que «Las leyes también están para nosotros, en ambos sentidos: para protegernos o para castigarnos cuando somos parte de estos ilícitos».
Y abundó en que el Artículo 206, por como está redactado, no se ha logrado ninguna consignación de los perpetradores, lo que se ha traducido en frustración para las víctimas del delito de discriminación.
En tanto, el Coordinador de Circuito de la Diversidad Sexual (CIDISEX), Adolfo Voorduin, reconoció el acompañamiento de la CDHDF para lograr que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) haya admitido hace un par de meses investigar la primera queja por actos o acciones homofóbicas durante el sexenio que está por concluir, para lo cual ya se solicitó un informe al respecto a cada una de las instituciones federales.
Asimismo, señaló que el Protocolo está siendo impulsado y promovido por la Procuraduría capitalina en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, para que sea replicado en cada una de las entidades del país.
Esa mediación, dijo, también les ha permitido sostener comunicación con autoridades de justicia de Estados Unidos y de la Unión Europea.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México