La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) expresa su preocupación ante la posible criminalización del fundador del albergue Hermanos en el Camino, Alejandro Solalinde, quien compareció hoy en calidad de indiciado ante la Procuraduría General de la República (PGR), por abandonar presuntamente a un migrante.
El padre Alejandro Solalinde, incansable luchador de los derechos y de la dignidad de las personas migrantes, enfrenta una denuncia penal interpuesta por una persona migrante, que de acuerdo con notas periodísticas, tuvo contacto con el Instituto Nacional de Migración (INM) con antelación a la acusación.
Dicho migrante se presentó el pasado 29 de septiembre en el albergue Hermano en el Camino, ubicado en Oaxaca. Por tener una infección en los ojos, fue llevado a una clínica en Ixtepec con el fin de ser atendido. Sin embargo, al no tener especialistas en dicha localidad, el padre Alejando Solalinde se comunicó con funcionarios estatales y lo llevó a la capital de la entidad a fin de que fuese atendido en el Hospital Civil Aurelio Valdivieso.
Cabe destacar que el albergue de migrantes Hermanos en el Camino fue creado febrero del 2007 para ofrecer asistencia humanitaria e integral (alimento, posada, apoyo psicológico, médico y jurídico) así como orientación a las y los migrantes de Centro y Sudamérica, Asia y África, que se encuentran en su mayoría, en trayectoria hacia los Estados Unidos.
La CDHDF expresa su temor dado que el tipo penal de abandono de personas, motivo por el cual se acusa al defensor de las y los migrantes, considera que sólo será responsable quien abandone a una persona herida o no haga del conocimiento de las autoridades, a fin de que garanticen el derecho a la salud de las personas. Estas acciones tienden a pasar la responsabilidad de garantizar los derechos a las y los defensores de los derechos humanos, en lugar de hacer exigible dichas acciones al Estado.
Las y los defensores de derechos humanos colaboran con la sociedad para exigir se garanticen los derechos de todas y todos, responsabilidad primordial del Estado. Este tipo de acusaciones, invisibilizan dicha responsabilidad y acrecientan el clima de riesgo y violencia que viven las personas defensoras de los derechos humanos.
En el presente caso se debe considerar primero, que el padre Alejandro Solalinde avisó a las autoridades sobre la situación, y segundo, que el tipo penal deslinda de responsabilidad cuando se realiza dicha acción. En este contexto, es imperativo señalar que las y los defensores de derechos humanos en México son usualmente denostadas por su trabajo y no se les garantizan sus derechos para poder realizar sus labores de defensa.
La CDHDF hace un llamado a las autoridades competentes para que fortalezcan las acciones para garantizar los derechos de las personas migrantes y defensoras de los derechos humanos, sin que esto se traduzca en pasar la responsabilidad del Estado a otros actores como lo son las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) o de las personas defensoras de los derechos humanos.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México