En la CDHDF defensores de derechos humanos señalan las violaciones de que siguen siendo objeto los migrantes que pasan por el territorio mexicano. Se intensifica la modalidad de «el que paga se puede subir al tren, si no paga, lo tiramos»: Alejandro Solalinde.
En el marco de la conmemoración del tercer aniversario de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y apertura de la Pre Audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) Capítulo México, Eje migración, refugio y desplazamiento forzado, se destacó que los migrantes que transitan por territorio mexicano siguen siendo vulnerados en sus derechos.
En la Pre Audiencia denominada Militarización de las fronteras, criminalización y desaparición forzada de migrantes en tránsito, el Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, señaló que este diálogo es fundamental no sólo para hacer justicia a todos quienes han perdido la vida, y sufrido vejaciones en su tránsito por México, «sino también para recordar las nuevas obligaciones que el Estado mexicano tiene para con todas las personas que pisan nuestro territorio».
Añadió que a partir de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos que deja sentado lo que ha sido un lema del movimiento migrante, que ningún ser humano es ilegal, y tiene los mismos derechos que cualquier otro mexicano, es necesario exigirlo, «tenemos que garantizar que el Estado mexicano proteja los derechos de todas las personas que están en nuestro territorio».
Refirió que la masacre de San Fernando visibilizó una situación que estaba ahí desde hace tiempo, pero que no había sido visto todavía en toda su magnitud, la realidad de los migrantes que en la búsqueda de una vida mejor pasan a través de territorio mexicano, que ya habían sido víctimas frecuentes de abusos de las autoridades mexicanas y ahora en el desafortunado contexto que vive México, lo son también de los grupos criminales.
El padre Alejandro Solalinde aseveró que las y los migrantes siguen siendo vulnerados en sus derechos, a no emigrar en sus lugares de origen, por la carencia de oportunidades, «sus países de origen también son responsables de que se vean expuestos a todo tipo de atropellos, no hay corresponsabilidad ni voluntad política de parte de esos gobiernos».
Aseveró que cada día vemos que sale más gente de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala; el tránsito por este último y por México sigue siendo muy delicado. «Se intensifica la modalidad de el que paga se puede subir al tren, si no paga, lo tiramos, cada vez más personas son agredidas y aventadas del tren, porque no pueden pagar, son los pobres».
Reiteró la corresponsabilidad en la comisión de delitos contra las personas «transmigrantes» por parte del estado de Veracruz, que sigue siendo una entidad sumamente peligrosa y riesgosa para su integridad. En la costa de Oaxaca son captados por las redadas de Migración, que siguen repatriándolos, aun sabiendo que existe peligro para ellas y ellos.
Dijo que el aniversario de la masacre de San Fernando es una oportunidad para recordar la responsabilidad que tiene el Estado mexicano para crear políticas públicas de acuerdo con Centroamérica y hacer en conjunto un plan de desarrollo integral que evite que las personas migrantes salgan y que no pasen por el calvario que es México, para llegar a Estados Unidos donde no son deseados.
Hizo un llamado, a nombre de quienes laboran en las casas de apoyo al migrante, para que el gobierno genere diálogos con ellos, no sólo con las cúpulas eclesiásticas, para revertir la dolorosa exposición que viven las y los migrantes. Confió en que el TPP dé un apoyo moral para que se preserve la vida y la integridad de los defensores de derechos humanos.
En tanto, Fray Tomás González, director de La casa del migrante La 72¸ espacio que quiere ser un lugar donde se practica y ejerce la caridad, a cada vez más personas, adultos, niños, ancianos, familias enteras, queremos junto con ellos, transformar la historia terrible que nos ha tocado vivir en estos años, «queremos transformar la ruta de la muerte, la ruta del Golfo, que inicia en Tenosique, Tabasco».
Apuntó que hombres y mujeres sufren violaciones sexuales, robos a mano armada, abusos sexuales, extorsiones por parte de autoridades, secuestro, desaparición y muerte. Aseveró que lo que pasa en México con la población migrante centro y sudamericana y la población migrante mexicana, es un genocidio.
Recalcó que la política migratoria del Estado mexicano y los estados centroamericanos se reduce a exterminar a los pueblos en permanente éxodo. Indicó que de acuerdo con testimonios de afectados, han armado a gente mexicana, centroamericana y la han subido al tren para cobrarle la cuota a las y los migrantes.
Mencionó que les cobran cien dólares por estación, en Tabasco, y en Coatzacoalcos llega a ser de 300 dólares, en Orizaba hasta 400 dólares. «El Instituto Nacional de Migración (INM) que es la institución más corrupta de México, está cobrando mil pesos por garita, después de 10 garitas hay paso libre a los Estados Unidos por la ruta del Golfo».
Rubén Figueroa, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano, dijo que al ver tanta injusticia, escuchar testimonios, atender a estas personas que son severamente lesionadas, «ante esta realidad, los defensores de derechos humanos han tomado la decisión de enfrentar cuerpo a cuerpo a bandas del crimen organizado y a las autoridades policiacas».
Llamó la atención respecto a que ante las denuncias hechas por ellos, el Estado mexicano responde con redadas y operativos para detener a los migrantes. «Es una violencia institucionalizada, agresiones a migrantes y a defensores de derechos humanos».
Alertó que las casas de apoyo a migrantes en el Sur y en el Norte del país están librando una batalla contra las bandas criminales.
Norma Romero, una de «Las Patronas», grupo de ayuda humanitaria en Veracruz, expuso que han visto diariamente, durante 18 años, los vagones del tren llenos de niños, hombres y mujeres a quienes procuran con una bolsita de arroz y agüita. «A estos desconocidos que salen de sus países en busca de una ilusión de obtener, no riquezas, sino de aquello a lo que todos tenemos derecho».
Hemos atestiguado hambre y sed, jóvenes que siendo mutilados mueren a causa de La Bestia, donde ven terminados sus sueños y aspiraciones a una mejor calidad de vida. «Hemos reconocido la incertidumbre y el miedo en la cara de los migrantes, a quienes tratan como mercancía y les quitan su dinero y pertenencias, miedo a la corrupción de las autoridades y a la indiferencia de la gente».
Con la idea de devolverle el nombre a las y los migrantes que murieron en San Fernando, en agosto de 2010, y que siguen siendo víctimas cotidianas, en la ceremonia de apertura se mencionaron sus nombres y en su caso, el hecho de que no han sido identificados o identificadas.
Camilo Pérez Bustillo, miembro del TPP, aseveró que cada nombre tiene que ser entendido como un paso para exigir la verdad y la justicia, «estamos a favor del derecho a la memoria, el derecho a la vida, y contra todos los estados que se han convertido, como el mexicano, en maquinarias de la muerte; estamos contra las fronteras que asesinan».
José Antonio Fronda, integrante del Eje migración, refugio y desplazamiento forzado del TPP, capítulo México, explicó que en 2011 se formalizó el funcionamiento del Tribunal en nuestro país, y en mayo de 2014 será la Audiencia final.
Expuso que la valorización de los crímenes del Estado mexicano que haga el TPP deberá también tomar en cuenta el contexto inminente del proceso del Examen Periódico Universal (EPU), en Ginebra, Suiza el 17 de octubre de 2013.
Señaló que la «securitización» de las políticas migratorias y la militarización de las fronteras propiciadas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sus complementos, incluyen y produce la criminalización de los flujos migratorios irregulares, de sus protagonistas, de sus familias, comunidades y pueblos de origen.
Esta Pre Audiencia sienta las bases para someter a juicio internacional a autoridades del Estado mexicano, de los Estados Unidos de América y de los estados de origen de las y los migrantes en tránsito.
El TPP, con sede en Roma, fue la primer instancia internacional que en 1984 caracterizó el terrorismo de Estado del régimen de Efraín Ríos Montt, en Guatemala, contra los pueblos indígenas.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México