Propone plan de acción que incluya facilitar la libertad anticipada y urge a medidas de contingencia ante desastres naturales o provocados en las cárceles.
En estos momentos, en las circunstancias en las que están, las prisiones capitalinas son de las más sobrepobladas del continente y constituyen una bomba de tiempo, advirtió el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, y dijo que los problemas que ahí se generan, lo mismo que los del sistema penitenciario en su conjunto, están a la vista de todos.
“Es urgente realizar acciones que prevean fatalidades que tuviéramos que lamentar”, sostuvo en la conferencia de prensa, en la llamó al Gobierno del Distrito Federal (GDF) a eliminar o, por lo menos, reducir el riesgo por eventualidades al interior de los centros de reclusión.
“Es un hecho real que en prisiones como las que tenemos, con una sobrepoblación de 100%, cualquier contingencia se convierte en un peligro real para todas las personas que se encuentran dentro de los reclusorios: empleados e internos y sus familias, en días de visita”, advirtió.
A propósito del incendio ocurrido en un penal de Honduras, en el que murieron más de 350 personas, así como en la matanza entre grupos criminales al interior del penal de Apodaca, Nuevo León, González Placencia llamó a ponderar las condiciones que pudieran asemejarse a las circunstancias que han generado conflictos en los reclusorios capitalinos: “Estamos a tiempo de prevenir que ocurra una desgracia de la que tuviéramos que arrepentirnos”.
Y es que, advirtió que hasta el momento, el sistema penitenciario no ha informado ni ha dado la certeza de que cuente con un plan de contingencia que permita desalojar a las y los internos y trasladarlos, en una situación de riesgo o peligro para sus vidas.
“Estamos hablando de cualquier tipo de circunstancias, tanto contingencias naturales, desastres o sismos, así como accidentes, como incendios, provocados o no; de epidemias, riñas y otros eventos que desde la prisión pudieran suscitar circunstancias tales que en ausencia de un plan de contingencia impliquen la muerte de personas”.
Lamentó que la sobrepoblación penitenciaria sea una constante, no sólo en el país, sino en toda América Latina: “Tenemos las prisiones más sobrepobladas y, en la ciudad de México, tenemos el Reclusorio Oriente y el Reclusorio Norte, que se ubican entre las prisiones más sobrepobladas del continente”.
Dijo que es imperativo replantear la política criminal en la ciudad de México y llevar adelante la reforma constitucional procesal penal de 2008, generando las condiciones para que quienes no tengan que estar en prisión no lo estén y facilitando la salida de las personas que ya puedan obtener su libertad anticipada.
El plan de acción propuesto por la CDHDF consiste también, agregó el Ombudsman capitalino, en proponer iniciativas que eviten que los reclusorios se llenen con personas que, como ahora “Están ahí por delitos que podrían resolverse sin que esos espacios continúen siendo bolsas de trabajo de la criminalidad organizada, con todas las implicaciones que eso tiene afuera”.
En el llamado al Gobierno capitalino ponderó la necesidad de una distribución equitativa de los espacios en reclusorios; se evite que el personal de seguridad y custodia o cualquier otro servidor público adscrito al Sistema Penitenciario reciba o solicite cualquier pago o dádiva por servicios gratuitos: “La corrupción ha sido uno de los principales motores de los mercados ilegales que funcionan dentro de las instituciones penitenciarias”.
Asimismo, que se tomen medidas que garanticen la legalidad de sanciones impuestas a las o los internos y que no se abuse del aislamiento como medida disciplinaria: “Eso implica la paradoja de encerrar a quienes ya están encerrados”, cuando lo que se debe es idear medidas disciplinarias conformes a los derechos humanos, apuntó.
Se debe, urgió, asegurar la accesibilidad a la atención médica, en 100% de los casos; así como asegurar la debida alimentación de las y los internos, tanto en cantidad como en calidad.
González Placencia señaló que en caso de que sea necesaria la intervención de elementos del Grupo Táctico Tiburón, su actuación con las y los internos debe ser únicamente disuasiva y, en casos plenamente justificados y necesarios, el uso de la fuerza deberá apegarse a los criterios de racionalidad, proporcionalidad y mínima afectación.
El plan de acción, dijo, requiere también del desarrollo de una estrategia para disolver a los grupos de poder al interior de los centros penitenciarios, a cargo de negocios como la trata de personas para fines sexuales o de “las cabañas”, como lo ha documentado ya la CDHDF, así como del resto de mercancías manejadas en el “mercado negro” al interior de los penales.
Al respecto, advirtió que a diferencia del orden que podía observarse antaño, hoy las cárceles se convierten cada vez más en una especie de depósito para el internamiento de personas relacionadas con actividades criminales y de la delincuencia organizada.
En el caso de Apodaca, dijo, estamos frente a una circunstancia rodeada de la sospecha de un acto de exterminio, en el que un grupo criminal ingresó a una prisión para exterminar a otro que estaba dentro, supuestamente donde su integridad está a cargo de la autoridad penitenciaria.
“Las instituciones penitenciarias están cooptadas por grupos de poder que determinan lo que ocurre dentro, están a cargo de los diversos mercados ilegales que ahí se generan, lo que es un ingrediente más de preocupación, porque la violencia está ahí a flor de piel”, agregó.
Finalmente señaló que en los reclusorios capitalinos se registraron nueve fallecimientos la semana pasada, unos como homicidios y otros como resultado de mala atención médica. Del 2011, la CDHDF investiga la ocurrencia de 19 suicidios. En 2010, se tuvo un registro de 90 decesos al interior de esos centros.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México