El caso de violencia escolar que recientemente se presentó en la Escuela Primaria José María Mata da cuenta de las graves dificultades que están enfrentando las comunidades educativas, las instituciones y la sociedad en su conjunto para atender el problema de la violencia escolar desde una perspectiva integral que ponga en el centro los derechos humanos de las personas involucradas.
Así lo afirmó la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Doctora Perla Gómez Gallardo, al término del Foro Prevención y erradicación de la violencia escolar desde un enfoque de derechos humanos, convocado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), la propia CDHDF, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y las Organizaciones de la Sociedad Civil, GEM A.C., ODI A.C., y Ririki Intervención Social A.C.
Durante la jornada que se realizó en el IIJ-UNAM, se desarrollaron mesas de trabajo con especialistas provenientes del ámbito académico, instituciones públicas y la sociedad civil, quienes expusieron sus reflexiones, discusiones teóricas, principales hallazgos de investigación, así como algunas propuestas de intervención directa en casos de violencia escolar.
Durante los trabajos, emergió el consenso entre las y los especialistas de que la violencia escolar es un fenómeno complejo, que tiene expresiones diversas y matices que no siempre pueden ser reducidas a la categoría de «bullying» o acoso escolar. Dijeron que el «bullying» como una forma de violencia escolar requiere de marcos de comprensión más amplios que consideren los elementos culturales, estructurales, así como de roles de género y sociales que lo configuran.
Indicaron que la sociedad en su conjunto y el Estado en particular, tienen la responsabilidad de reconstruir la función socializadora de la escuela, que tiene entre sus pilares el aprender a convivir de manera pacífica en un marco de respeto y aceptación de la diversidad como condición indispensable para la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Desde una perspectiva de derechos humanos, las y los especialistas señalaron algunas propuestas de intervención a nivel general, entre las que se destacan:
· La mediación como una herramienta de solución no violenta de los conflictos.
· La imperante necesidad de construir protocolos de atención a la violencia escolar, generados al interior de las comunidades educativas, respetando las especificidades de las instituciones escolares y sus contextos sociales.
· La importancia de promover y garantizar la participación directa de niñas, niños y adolescentes en la construcción de una cultura de paz en los centros escolares.
· Repensar los modelos pedagógicos y propuestas didácticas, de manera que la educación en derechos humanos y en cultura de paz se transversalice en la vida cotidiana de las escuelas.
· Promover la articulación y coordinación entre diversas instancias del Estado responsables de la prevención y la atención de los casos específicos de violencia escolar, mediante respuestas eficaces.
Durante el Foro, la Doctora Mónica González Contró, investigadora del IIJ-UNAM, apuntó que la violencia escolar no es un problema de relaciones entre dos personas, sino que implica todas las relaciones de estructura social con un entorno que favorece o posibilita las conductas agresivas entre niñas, niños y adolescentes.
La también Consejera de la CDHDF señaló que muchas veces, los protocolos o la atención se dirigen a la víctima, estigmatizándola o estigmatizando al acosador; como si esto fuera un problema aislado, y la realidad es que muchas veces lo que genera el llamado «bullying» es el entorno y la permisividad que tienen muchas escuelas, autoridades, maestros, maestras, padres y madres con la violencia.
Agregó que si no se entienden las relaciones entre pares, con las autoridades y con la comunidad, difícilmente se encontrará una respuesta a la violencia que se vive en las escuelas, por lo que se debe trabajar integralmente en su contexto desde un enfoque de derechos humanos, ya que el objetivo es garantizar el derecho a un entorno escolar y de vida cotidiana libre de violencia.
Destacó la responsabilidad del Estado por garantizar condiciones de tranquilidad y entorno libre de violencia en las escuelas, y se pronunció por crear un marco normativo claro, que respete los derechos humanos de niñas, niños, y adolescentes, enfatizando que en su aplicación respete la garantía de audiencia a las niñas, niños y adolescentes, para lograr un entorno de paz, de escuela segura, agradable y de convivencia armónica.
La Doctora Nashieli Ramírez Hernández, de Ririki Intervención Social, dijo que la implicación del género en los casos de violencia escolar, es parte de las actuales construcciones sociales. «Las construcciones de género son predictivas de violencia en la medida que los niños y las niñas tratan de adaptarse a las figuras de género. Los varones lo hacen con la violencia física», porque la formación de su identidad le afirma que la característica de la masculinidad es la rudeza; mientras que para las mujeres se les implica indirectamente en la violencia, al ser estigmatizada por burlas o «chismes», explicó la también Consejera de la CDHDF.
Para Lucía Rodríguez, de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), el desafío en la materia es la necesidad de romper con las miradas simplistas al fenómeno de la violencia escolar. Se requiere «reconstruir un orden escolar, siempre visibilizando los procesos de convivencia y transformando los modelos culturales».
La Consultora independiente Érika Rivero puntualizó la diferencia entre el trato rudo y lo que se llama «Bullying»: el primero no es intencional, se trata de juegos «cotidianos», no hay un desequilibrio de poder y existen reglas subjetivas; mientras que el segundo sí es un acto intencional y sistemático.
En la mesa Prevención de Situaciones de Violencia en la Escuela, José del Tronco, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), subrayó que «el enfoque punitivo no es el adecuado. La forma más efectiva para prevenir la violencia es la activa participación de todos como sociedad», es decir, alumnos, alumnas, padres, madres y autoridades escolares.
Antes, la Doctora Julieta Valentina García Méndez del CUAED-UNAM, señaló que ante la hiperactividad de las niñas, niños y adolescentes, es necesario repensar un regreso a una educación biocorporal en donde la fuerza y actividad se canalice hacia situaciones de deporte, cultura y recreación específicamente formulada en los planes de estudio integrales.
Por su parte la Doctora Úrsula Zurita Rivera investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), habló sobre la legislación en materia de violencia escolar y recordó que desde los años 90 se han realizado diversos estudios que arrojan datos sobre las políticas, acciones y normas para definir las estrategias de intervención en este rubro, pero que sin lugar a dudas han quedado limitadas.
La Doctora Margarita Griesbach, Presidenta fundadora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), reiteró que es urgente salir del ámbito escolar para erradicar la violencia y pasar a la «no violencia» pero en todo el entorno social con visión integral y de pleno respeto a los derechos. Hay que construir capacidades para resolver conflictos fuera de la esfera educativa y en esto hay que revisar totalmente las políticas institucionales y la responsabilidad del Estado y sociedad en su conjunto para responder a las causas sobre situaciones violentas que se generan cotidianamente.
Las valiosas reflexiones y propuestas generadas en las mesas, propiciaron la generación de insumos desde los que se trazará una ruta de incidencia en el diseño e implementación de políticas públicas, que consideren alternativas eficaces para la prevención y atención de la violencia escolar desde un enfoque de derechos humanos.
A 25 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, este foro recupera las diversas problemáticas de violencia en el ámbito escolar mexicano, escenario de intervención inmediata para el Estado, las comunidades educativas y la sociedad en general, responsables de garantizar y proteger derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México