La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) lamenta que la Secretaría de Salud capitalina desconozca su responsabilidad por violaciones a Derechos Humanos en agravio de las personas privadas de su libertad.
El 8 de agosto de 2011, la CDHDF emitió la Recomendación 04/2011, relacionada con la negativa, restricción o retardo para que los pacientes sean referidos a hospitales donde se les brinde el servicio médico que necesiten, entre otras violaciones.
La investigación del caso pudo constatar la responsabilidad de las Secretarías de Salud y de Gobierno, además de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Tal fue el caso concreto de una persona privada de su libertad, que en 2009 perdió una de sus extremidades, como consecuencia de una deficiente práctica médica y de fallas para ser trasladarla oportunamente a un centro hospitalario.
En esas acciones estuvieron involucrados servidoras y servidores públicos de la Secretaría de Salud y de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, quienes además pusieron en peligro la vida del interno, lo que tuvo como desenlace la pérdida de una extremidad.
El pasado 30 de agosto la CDHDF recibió la respuesta de la Secretaría de Salud (DES) en términos de su no aceptación. No obstante, con el objetivo de agotar todos los recursos de este Organismo en favor de la víctima, el 19 de septiembre la Dirección Ejecutiva de Seguimiento solicitó la reconsideración del instrumento.
Fue el 27 de septiembre que la Secretaría de Salud reiteró su rechazo a la Recomendación 4/2011, argumentando “estar convencidos de no conocer de responsabilidad institucional alguna”, siendo que a esa institución no le compete establecer responsabilidades en materia de violaciones a derechos humanos y para las que la CDHDF es la única autoridad facultada por ley.
La Recomendación 4/2011 se emitió después de que la CDHDF agotara una investigación, en cuyos resultados enlista una veintena de evidencias, entre las que destacan testimonios de la víctima, de otras personas privadas de su libertad, del personal de seguridad y de personal adscrito a la Unidad Médica del Reclusorio Preventivo Varonil Sur.
La negativa deja en indefensión a la víctima, pues se incumple con el compromiso y obligación para reconocer y proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad, cuya integridad está bajo la custodia de las autoridades correspondientes.
Además, el desconocimiento de responsabilidad en materia de violaciones a derechos humanos por parte de la Secretaría de Salud se traduce en la inobservancia del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal(PDHDF).
Dicho instrumento señala puntualmente en sus Líneas de Acción 377 y 380 que se requiere la participación de la Secretaría de Salud para fijar lineamientos claros, encaminados a efectuar los traslados de aquellas personas privadas de su libertad que requieren atención médica especializada de manera oportuna.
La CDHDF ha documentado casos similares, los cuales incluso han derivado en otras Recomendaciones, que enfatizan sobre la necesidad de que la Secretaría e instancias involucradas logren una real y eficiente coordinación, con el fin de garantizar y brindar la atención médica especializada que la población penitenciaria requiera.
Para la CDHDF, la resistencia de las autoridades para examinar el trabajo que ofrecen en los centros de reclusión y mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad prueba la falta de compromiso para con los Derechos Humanos de esta población.
Es aún más grave que este comportamiento sistemático evidencie prácticas anquilosadas de las autoridades para obstruir el acceso a servicios de salud, siendo la accesibilidad uno de los componentes esenciales del Derecho a la Salud.
Prueba de lo anterior es el gran número de quejas ante este Organismo Defensor que continúan recibiéndose a diario por parte de las personas privadas de libertad, así como por parte de sus familias, quienes diariamente son vulnerados en sus derechos, por encontrarse dentro de un sistema penitenciario deficiente.
Tan sólo de enero a septiembre de este año, la Comisión recibió 421 quejas presuntamente violatorias del Derecho a la Salud en agravio de personas privadas de su libertad, que señalan a la Secretaría de Salud y a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario como autoridades responsables.
En 418 casos, la Secretaría de Salud está ubicada como la autoridad presuntamente responsable. Cabe señalar que, tanto la PGJDF y la Secretaría de Gobierno, las otras dos autoridades a quienes se dirigió la Recomendación 4/2011, aceptaron parcialmente el instrumento.
Fuente: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México